HRW exige una investigación sobre el secuestro de cientos de serbios de Kosovo para supuesto tráfico de órganos

NUEVA YORK 5 May. (EUROPA PRESS) -

La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) instó hoy a los gobiernos de Pristina y de Tirana a emprender "investigaciones independientes y transparentes" sobre la desaparición de cientos de serbios después de la guerra de 1998-1999 que, según informaciones aportadas por Carla del Ponte, fueron secuestrados en Kosovo, trasladados a Albania y, posiblemente, ejecutados para extracción y tráfico de órganos.

"Han surgido acusaciones serias y creíbles sobre horribles abusos cometidos en Kosovo y Albania después de la guerra", declaró Fred Abrahams, quien investigó para Human Rights Watch los abusos perpetrados en ambos países en el periodo entre 1993 y 2000. "Los gobiernos de Pristina y Tirana deben cumplir su compromiso con la justicia y el Estado de derecho y llevar a cabo investigaciones adecuadas", añadió.

Estos hechos fueron dados a conocer por la anterior fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), Carla Del Ponte, en su reciente libro 'The Hunt: Los criminales de guerra y yo'. Aparte, Human Rights Watch ha obtenido informaciones y documentación independientes "que aportan credilidad y corroboran buena parte de los abusos posteriores a la guerra en Kosovo que menciona Del Ponte", asegura la organización.

Human Rights Watch escribió el pasado 4 de abril sendas cartas al primer ministro kosovar, Hashim Thaci, y al primer ministro albanés, Sali Berisha, para que se investiguen estos hechos, pero de momento no ha obtenido respuesta. Los dirigentes de ambos países han rechazado públicamente estas acusaciones, por considerar que carecen de fundamento y son "inmorales" y "difamantes".

SECUESTROS Y TRÁFICO DE ÓRGANOS

Según Del Ponte, el TPIY fue informado en 2003 por "periodistas de confianza" de que entre 100 y 300 personas habían sido secuestradas en Kosovo y trasladadas al norte de Albania después del 12 de junio de 1999, día en el que las fuerzas de la OTAN entraron en la entonces provincia serbia. HRW ha revisado estas informaciones y ha comprobado que siete albanokosovares que habían luchado en el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) aportaron detalles concretos --como testigos o como participantes-- sobre estos secuestros y sobre su traslado a Albania.

Las informaciones indican que los secuestrados fueron trasladados a almacenes y otros edificios en Kukes y Tropoje, en el norte de Albania. A diferencia de otros capturados, según algunas fuentes, los más jóvenes y sanos fueron alimentados y no fueron golpeados en ningún momento. Estas personas, cuyo número se desconoce, fueron trasladadas posteriormente a un edificio amarillo en los alrededores de la localidad albanesa de Burrel, donde les fueron extraídos sus órganos para su envío al extranjero desde un aeropuerto próximo a Tirana.

La mayoría de estas supuestas víctimas eran serbios que habían sido dados por desaparecidos tras la llegada de las tropas de la ONU y la OTAN a Kosovo. Otras víctimas corresponden a mujeres procedentes de Kosovo, Albania, Rusia y otros países eslavos.

"La información sobre tráfico de órganos es sugerente, pero está lejos de ser completa", según Abrahams. "No obstante, el hecho es que cientos de personas, en su mayoría serbias, fueron dadas por desaparecidas después de la guerra", por lo que los gobiernos de Kosovo y Albania "deben intentar determinar la suerte que corrieron estas personas mediante investigaciones serias con una adecuada protección de testigos", prosiguió.

Según las informaciones en poder del TPIY, los cadáveres de algunos de los secuestrados fueron enterrados cerca del edificio amarillo, a unos 20 kilómetros al sur de Burrel. Investigadores del tribunal y de la misión de la ONU en Kosovo (MINUK), acompañados por un fiscal albanés, inspeccionaron la casa en febrero de 2004. Del Ponte afirma en su libro que cerca del edificio amarillo los investigadores encontraron equipos médicos de cirugía y restos de sangre en los muros y el suelo de una sala.

Human Rights Watch se entrevistó por separado con dos personas que estuvieron presentes durante la inspección, que les corroboraron las informaciones contenidas en el libro de Del Ponte. Asimismo, una copia de un informe de la MINUK a la que también ha tenido acceso HRW confirmó estas informaciones. No obstante, una portavoz del TPIY aseguró el pasado 16 de abril a la organización que las pruebas halladas "no corroboran las acusaciones".