BEIJING 29 Abr. (De la corresponsal de EUROPA PRESS Débora Altit) -
Los abogados chinos que intentan defender a sus clientes en casos considerados como una amenaza por el régimen chino se enfrentan al acoso policial e incluso la cárcel, según denuncia el último informe de la organización pro Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW).
"Los letrados que desafían los abusos de los funcionarios en China sufren represalias de forma sistemática", declara en el comunicado de la ONG su directora para Asia, Sophie Richardson. "Pero si la gente no puede llevar sus quejas a los tribunales, las sacarán a las calles", afirma Richardson.
El informe, un documento de 142 páginas titulado 'Caminando sobre hielo fino: Control, intimidación y acoso de los abogados en China', apunta que las restricciones a los abogados pueden terminar causando problemas sociales, si los ciudadanos sienten que no existen canales legales a los que recurrir en busca de justicia.
El actual Gobierno ha convertido la "armonía social" y la estabilidad en su lema, lo que le ha llevado a reprimir las denuncias de injusticia. Pero en el camino se ha producido una cadena de tensión social, ligada al aumento de las desigualdades económicas, las expropiaciones sin la adecuada indemnización en las zonas rurales o incluso la contaminación, entre otros.
Aunque el Gobierno, señala el informe, ha defendido la necesidad de implantar un Estado de derecho en China, también se han lanzado mensajes sobre la supremacía del Partido Comunista (en el país no existe una división de poderes) y la necesidad de que los letrados "respeten las consideraciones políticas marcadas por el Partido", indica HRW.
"Los tribunales rechazan de forma rutinaria casos de abusos gubernamentales, mientras que las autoridades locales amenazan de forma regular a los abogados con medidas disciplinarias, la no renovación de sus licencias profesionales o incluso la persecución y el arresto".
Entre los ejemplos de abogados sujetos de los abusos del poder se incluye el del abogado beijinés Li Heping, secuestrado, detenido y apaleado por un grupo de hombres no identificados que le amenazó con tomar nuevas medidas si no abandonaba la ciudad.
También se cita el caso de Gao Zhisheng, un abogado que en 2001 fue incluido entre la lista de los diez letrados más importantes de China y que, tras defender a miembros del movimiento Falun Gong fue encarcelado bajo el cargo de subversión en 2006.
O el caso de Chen Guangcheng, el activista ciego que denunció los abortos forzados que se estaban produciendo en la provincia de Shandong (este). Los abogados encargados de su defensa también fueron detenidos y maltratados por las fuerzas de seguridad.
El informe sale a la luz justo cuando se han hecho públicas las sentencias de los primeros tibetanos condenados por su participación en las revueltas de Lhasa, en marzo pasado. Algunos sectores han denunciado que en realidad los tribunales de Lhasa ya han dictado muchas otras condenas sobre las que China no ha informado, tras celebrar juicios rápidos en los que los acusados no tienen acceso a una defensa y con frecuencia basados en confesiones extraídas por medio de la tortura.
La falta de garantías legales ha hecho que una veintena de abogados chinos se haya unido exigiendo que se respete la ley y ofreciendo sus servicios a los detenidos. Pero los letrados, según ha denunciado la organización, ya han recibido la "recomendación" de las autoridades de que no se impliquen en el "incidente de Tíbet", ya que hay "suficientes abogados en la región donde los tibetanos están siendo retenidos y no hace falta que se involucren abogados de fuera", según palabras del abogado Li Subin citadas por la ong.