ICV pide al Gobierno una ley orgánica que regule el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado y portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) en el Congreso, Joan Herrera, registró hoy una Proposición no de Ley por la que insta al Gobierno a regular por ley orgánica el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) para "tener en cuenta los derechos de las personas inmigrantes".

De este modo, la formación integrada en el Grupo Mixto pretende dar respuesta a la necesidad de implementar en la legislación española el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que entró en vigor en junio de 2006 y que exige a los gobiernos "uno o varios mecanismos nacionales de prevención de tortura a nivel nacional".

Además, ICV denuncia que los CIEs "no tienen un régimen interno desarrollado legalmente" y "tampoco cuentan con protección judicial alguna", por lo que se hace necesaria una regulación, como "ya en el año 2000" pidió el PSOE a través de una enmienda aunque "8 años más tarde" no la llevó a cabo, explica la formación. Mientras esta no se ponga en marcha, ICV recomienda la creación de "un Comité de Garantías" para cada uno de los centros.

Según la propuesta de Herrera, los comités, integrados al menos por los agentes sociales implicados, deberán tener como función principal "velar por el máximo respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas a lo largo del proceso administrativo de internamiento y expulsión" por lo que "podrán realizar visitas a los centros de internamiento de extranjeros sin ningún tipo de restricciones, ni consentimiento previo".

RESPUESTA AL PARLAMENTO EUROPEO

La Proposición No de Ley de ICV se apoya en el último informe del Parlamento Europeo sobre los CIE's españoles, un trabajo que denuncia "las pésimas condiciones de los centros" y asegura que en España "se trata a los sin papeles como si fueran delincuentes incluyéndolos en un sistema carcelario con condiciones degradantes de detención", según cita la formación política.

Entre otras conclusiones, el Parlamento Europeo señaló en aquel informe que "las condiciones materiales y de higiene son deplorables" en los centros, "que priman los funcionarios de seguridad frente a asistentes sociales y psicólogos", que la atención legal de los inmigrantes "es insuficiente" y "falta apoyo jurídico y traductores", así como "falta colaboración de las autoridades españolas para investigar la situación".