BRUSELAS 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
Varias ONG europeas --entre ellas la Fundación Secretariado Gitano, Amnistía Internacional, la red europea contra el racismo y el European Roma Rights Centre-- instaron este martes a la Comisión Europea a "aclarar" ante la opinión pública cuál es su postura frente a la nueva política del Gobierno italiano sobre inmigración, por la que se tomarán las huellas dactilares de la población gitana sin censar.
Las medidas de seguridad impulsadas por las autoridades italianas para tomar las huellas dactilares de la población gitana que vive en campamentos en territorio transalpino han sido fuertemente criticadas desde varios sectores por considerar que son discriminatorias y que atentan contra los Derechos Humanos.
La Comisión Europea solicitó mayor información sobre estas acciones al Ejecutivo de Silvio Berlusconi y el pasado jueves expresó su satisfacción con el informe remitido por el ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, como respuesta. Dicho informe muestra que la toma de huellas quedará "limitada" a los casos en los que la identificación no es posible mediante "otros documentos" de identidad, en palabras del portavoz comunitario de Justicia, Libertad y Seguridad, Michele Cercone.
Cercone explicó el jueves en rueda de prensa que "tanto el texto (legislativo) como las medidas (de seguridad anunciadas por Roma) están sometidas a condiciones estrictas para la recogida de datos dactilares con el único fin de identificar a las personas afectadas y como última solución".
"El informe indica que ni las ordenanzas (decretos), ni las directrices, ni las condiciones de ejecución autorizan la recogida de datos relacionados con el origen étnico ni religión de las personas censadas en base a las citadas ordenanzas", agregó.
Sin embargo, las ONG acusan a Bruselas en un comunicado de aceptar una versión "suavizada" de las medidas inicialmente propuestas por el Gobierno italiano, lo que podría "enviar una señal peligrosa, especialmente en Italia, en donde el discurso y acciones anti romaníes han alcanzado niveles inaceptables". Además, instaron a que se haga público el informe remitido a la Comisión por el ministro Maroni sobre este asunto.
A juicio de la coalición de organizaciones humanitarias, con esta decisión la Comisión ignora que "un censo basado en la etnia es necesariamente una práctica discriminatoria". Asimismo, se preguntan en el comunicado si el visto bueno de Bruselas al informe de Maroni supone dar "luz verde" a las acciones ya emprendidas, tales como "los desalojos, los ataques a campamentos romaníes o las declaraciones racistas de funcionarios".
Así las cosas, las ONG urgieron este martes al Ejecutivo comunitario a "hacer públicos todos los documentos relevantes" sobre este caso y a dar una explicación "adecuada" sobre la conclusión que ha adoptado. Con ello esperan que Bruselas demuestre transparencia y aclare cuál es su posición con respecto a los derechos fundamentales de la población gitana que vive en Europa.