Organizaciones defensoras de Derechos Humanos argentinas critican la liberación de 12 ex represores

BUENOS AIRES, 19 Dic. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -

Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos criticaron hoy la decisión de la Cámara de Casación Penal argentina de excarcelar a 12 ex represores de la dictadura militar (1976-1983) por haber expirado los plazos que establece la ley para mantener a una persona en prisión preventiva sin un fallo en firme, y afirmaron que "esta resolución deja al descubierto la indolencia de los funcionarios judiciales en el camino por obtener verdad y justicia".

La Sala II de la Cámara de Casación Penal excarceló a una decena de ex represores, entre ellos los tristemente conocidos Alfredo Astiz y Jorge 'el Tigre' Acosta, que están acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), entre los que se encuentra el ex marino Alfredo Astiz.

"La liberación de los acusados es posible porque las distintas instancias de la justicia han demorado de forma injustificada los procesos, dilatando la posibilidad de alcanzar la etapa de los juicios orales y públicos", sostuvieron las organizaciones en una declaración conjunta.

Desde la reapertura de las causas en 2001, ni los jueces de instrucción ni los fiscales, salvando contadas excepciones, han mostrado pericia y agilidad en las investigaciones de los casos, por lo que éstas se han prolongado en forma irrazonable", añadieron.

Además, responsabilizaron a la Cámara de Casación porque "obstruyó durante años la continuidad de las causas, incluyendo algunas resoluciones que aún hoy siguen pendientes y que impiden el inicio de los juicios en algunas jurisdicciones del país".

Según apuntaron, a siete años de la reapertura de las causas contra la represores persiste "la incapacidad de los funcionarios judiciales responsables de diseñar un plan estratégico que garantice a las víctimas y a la sociedad en su conjunto la realización del proceso de verdad y justicia en el marco del respeto de las garantías".

Estas organizaciones sostienen que "el Estado tiene la obligación de ser diligente en la investigación, búsqueda de prófugos y protección de testigos y no puede descansar solamente en la actividad y persistencia de las querellas y del movimiento de derechos humanos"

La declaración ha sido firmada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, H.I.J.O.S., y Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

Ayer mismo, poco después de que se conociera el fallo del tribunal, la presidenta argentina, Cristina Fernández, señaló que "es un día de vergüenza para los argentinos, para la humanidad y también para el sistema judicial" del país.

"Me daría mucha vergüenza que fuera un tribunal de otro país, un pedido de extradición, el que finalmente hiciera justicia, porque los argentinos no hemos podido llegar a ella después de más de 25 años de demanda y lucha de los organismos de Derechos Humanos", añadió.