MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Red Acoge, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Unión Sindical Obrera solicitaron hoy, con motivo del la Jornada Mundial de Acción por el Trabajo Decente, que se celebra mañana, que el trabajo digno sea una realidad para inmigrantes y refugiados, "a los que de manera preocupante se está negando sus derechos laborales", y no apostar por las "políticas represivas" del Gobierno y de otros ejecutivos europeos.
"Hay que combatir con políticas valientes la discriminación de los trabajadores inmigrantes", reclamaron las organizaciones firmantes de un documento en el que piden defender, reivindicar y aplicar el trabajo digno para todas las personas trabajadoras, "frente al trabajo forzado, esclavo y precario al que quieren condenar a millones de personas por no haber nacido" en Europa, personas que "contribuyen al desarrollo económico", y de los que "muchos no pueden ejercer los mínimos derechos laborales reconocidos en las legislaciones europeas".
"Ante esta realidad, los gobiernos europeos, entre ellos el español, apuestan por priorizar las políticas represivas, el modelo de migraciones circulares que no se ajusta a la realidad de unas personas que en su inmensa mayoría quieren integrarse en las sociedades de acogida, la descapitalización del potencial humano de los países de origen con dispositivos como el de la llamada 'tarjeta azul', o la retórica prohibición de las regularizaciones masivas", denunciaron.
Las organizaciones, "ante los anunciados recortes de derechos y de reforma restrictiva de la Ley de Extranjería, y el alineamiento con las posturas más regresivas de (Silvio) Berlusconi --Italia-- o (Nicolás) Sarkotzy --Francia--, hacen un llamamiento para que se apueste por políticas valientes y formuladas con visión de futuro".
Con todo, piden que el Estado español ratifique la Convención de las Naciones Unidas para los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, que se acabe con la explotación laboral que hace especial mella en el colectivo inmigrante, que se desarrollen vías legales efectivas y permanentes para la regularización de las personas en situación administrativa irregular, que se modifique la legislación de extranjería para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulas las restricciones a los derechos de sindicación, asociación y huelga de los trabajadores inmigrantes en situación irregular y que se eliminen las restricciones al cambio de la actividad laboral y su ámbito geográfico durante la duración del primer permiso de trabajo.
