MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los profesores exigen al Gobierno una "formación específica" para resolver los conflictos y la violencia en el aula, así como los fenómenos de la multiculturalidad, el uso de las nuevas tecnologías y las relación con los padres de los alumnos. Además acusan a las instituciones políticas de utilizar a la educación como "arma electoral arrojadiza", según se desprende del informe de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y Obra Social de Caja Madrid.
El trabajo, realizado a un total de diez grupos de docentes, revela, según el director técnico de la FAD, Eugenio Megías que los docentes se sienten "desorientados y poco capacitados para hacer frente a las nuevas realidades educativas y a una sociedad que cambia".
Asimismo, otro de los responsables del estudio, el director general de la FAD, Ignacio Calderón, valoró que las reformas educativas tenían una "difícil" puesta en marcha ya que consideró que "en política compensa poco llevarse el saldo negativo del arranque y dejar el positivo para el siguiente, en una sociedad en la que el corto plazo no es importante".
En la línea del trabajo domina un discurso enormemente crítico y pesimista, "alimentado por una visión desesperanzada del propio rol", añadió el director técnico de la FAD. Además recordó todos los aspectos que el colectivo docente reclama, entre los que se encuentran la resolución de conflictos en el aula, la gestión de la relación con los padres de sus alumnos, la multiculturalidad respecto a la que se sienten desposeídos de los conocimientos y formación necesaria y el uso de las nuevas tecnologías.
Megías, recalcó el cambio que ha sufrido la figura del profesor, "la figura del maestro ha sido sustituida por la de instructor responsable", y justificó este cambio "con una serie de exigencias que no les corresponden, por cargar con las dificultades sociales sin encontrar complicidades y sin estar preparados para ello".
De forma dominante, según puntualizó Megías, "el discurso de los profesores defienden el modelo de enseñanza pública, y así denuncian que los centros privados responden a una lógica empresarial con lo que se reducen costes y recursos. Sin embargo, creen que existen determinados aspectos positivos en la enseñanza privada que deberían trasladarse a la pública, el principal: una gestión profesionalizada de los centros que evitaría el riesgo de acomodación y conformismo.
