Actualizado 17/08/2007 19:41

La Comunidad de Madrid alega que los 17.000 mayores solicitantes de una plaza residencial no la precisan con "urgencia"

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid reconoció hoy que son casi 17.000 las personas mayores que figuran en el registro de solicitantes de una plaza pública residencial en la región, si bien alegó que son peticiones que no tienen "carácter de urgencia", indicó a Europa Press un portavoz de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.

"No hablamos de lista de espera, ya que todas las solicitudes son atendidas y las personas que precisan de una plaza urgente disponen de ella al instante si cumplen los requisitos", se matizó desde el departamento autonómico para responder a las críticas realizadas esta mañana por UGT.

Según la organización sindical, un total de 16.453 personas mayores se encontraban en lista de espera en el primer semestre de 2007 para acceder a una plaza en alguna residencia pública en la región, de las cuales el 76% es dependiente.

A este respecto, desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales se argumentó que esos casi 17.000 mayores conforman "una lista de demanda, no de espera", y que cuando se trata de personas que solicitan la asistencia con caracter urgente "la Comunidad se pone a disposición del afectado y procede a la tramitación de su solicitud en el menor plazo de tiempo posible".

En esta línea, el departamento autonómico subrayó que "el cuidado y vigilancia de las personas mayores es una de las prioridades del Gobierno regional" y apuntó que actualmente existen 20.000 plazas en 206 residencias para personas mayores, que suman 24.000 si también se tienen en cuenta las existentes en centros de día.

Asimismo, desde la Consejería se afirmó que de las 20.000 nuevas plazas que el Ejecutivo regional ha comprometido en esta legislatura para mayores y dependientes, ya están en marcha "el 11% en sólo dos meses, por lo que quien solicita una plaza urgente puede disponer de ella", aseguró.

El departamento regional destacó también que el presupuesto destinado a la atención y cuidados de personas mayores o con discapacidad ha aumentado un 30% con respecto a 2003, y que los servicios de teleasistencia y atención domiciliaria benefician a cerca de 80.000 y 60.000 personas, respectivamente.