El PSOE admite que ha seguido una interpretación flexible de la reciprocidad y PP y CiU piden congelar el acuerdo con Argentina
MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ratificó hoy por unanimidad diez de los convenios suscritos con España con distintos países para favorecer la participación de los inmigrantes en las elecciones municipales, una estrategia que, al final, podría añadir 650.000 nuevos electores en los comicios de 2011. El PSOE admite que ha seguido una interpretación "flexible" del requisito de la reciprocidad que exige la Constitución para autorizar la presencia de electores extranjeros, tan flexible que la oposición no piensa votar más acuerdos que los aprobados hoy y rechaza los ya firmados con Argentina y Uruguay, con amplia población inmigrante en nuestro país.
Hasta ahora, sólo los nacionales de países de la Unión Europea y los de Noruega pueden votar en las elecciones municipales españolas, por lo que, hace un año, el Gobierno emprendió una ofensiva diplomática con distintos países para negociar convenios bilaterales que favoreciesen la participación electoral de sus nacionales con residencia en España.
Así, en agosto de 2008 nombró un embajador en misión especial, Gonzalo de Benito, para negociar acuerdos bilaterales con una quincena de países cuya legislación permite votar a los extranjeros, dado que la Constitución, en el segundo párrafo del artículo 13, condiciona la inscripción censal de otros extranjeros a la reciprocidad --que sus países permitan votar a nuestros emigrantes en elecciones similares--.
120 PAÍSES YA QUEDARON FUERA
En esa relación de países figuran Colombia, Perú, Argentina, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Paraguay, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Uruguay, Bolivia y Venezuela. Quedaron fuera otros 120 países, algunos con importante presencia inmigrante en nuestro país como Marruecos, Brasil, México o República Dominicana, porque su legislación impide votar a los extranjeros. España les invitó en noviembre a estudiar una reforma de sus leyes pero no lo han considerado conveniente.
Las gestiones diplomáticas posibilitaron sellar once convenios y dejar cerrada la negociación de otros tres, sólo pendientes de firma. El decimoquinto, Venezuela, se ha ofrecido pero no hay respuesta ni se espera, pues se considera que la Administración Chávez que no parece tener urgencia en admitir nuevos electores en su país.
El Ministerio de Asuntos Exteriores calcula que los convenios negociados afectan hoy a una población global de algo más de un millón de personas que tendrían 18 años en 2011 si bien sólo unas 650.000 podrían estar ya en condiciones de votar en esos comicios locales, pues son las que habrían cumplido la condición que pone España en los convenios, que es haber cumplido cinco años de residencia en nuestro país.
El Pleno del Congreso ratificó hoy nueve de esos convenios, firmados con Nueva Zelanda, Colombia, Perú, Chile, Trinidad y Tobago, Ecuador, Paraguay, Islandia y Cabo Verde. Fueron aceptados por todos los grupos pues entienden que establecen condiciones razonables para los emigrantes españoles residentes en esos países.
ESPAÑA SÓLO EXIGE 5 AÑOS DE RESIDENCIA
Y es que se da la circunstancia de que, mientras que España pone la misma condición a todos los inmigrantes (esos cinco años de residencia), nuestros emigrantes quedan sujetos a requisitos variados en función de la legislación de cada uno de esos países.
Por eso hoy el PP y CiU aprovecharon el debate para dejar claro que no aceptarán más convenios que los nueve autorizados en la sesión plenaria pues consideran que los demás no garantizan adecuadamente la reciprocidad por indeterminación de las condiciones o por establecimiento de requisitos económicos o personales que resultan inaceptables para la democracia española.
En Burkina Fasso, por ejemplo, se exige estar al día del pago de impuestos y en Uruguay sólo se permite el voto a personas con familia legalmente constituida y, en caso de los extranjeros, con quince años de residencia.
Pero el caso más polémico es el de Argentina, donde la legislación electoral está descentralizada y el Estado no puede fijar requisitos uniformes. En ese contexto, hay dos provincias (La Rioja y Formosa) que prohíben votar a los extranjeros y en el resto los requisitos son tan variados que imponen de uno a diez años de residencia, mayoría de edad de 18 a 21 años, e incluso condiciones económicas para poder votar. El acuerdo con Argentina llegó a estar en el orden del día del Pleno de hoy pero, ante las reticencias de la oposición, fue retirado.
El ponente del PP, José Antonio Bermúdez de Castro quiso dejar claro que la reciprocidad no puede quedar vacía de contenido, sino que debe conllevar simetría, equivalencia y correspondencia mutua pues, en caso contrario, se podría incurrir en una discriminación para con nuestros compatriotas en el exterior.
"En los convenios que faltan puede haber objeciones de fondo y hemos pedido al PSOE que traslade al Gobierno nuestra preocupación porque esos contenidos pudieran ser inaceptables. El Gobierno debe buscar el consenso porque lo contrario sería una irresponsabilidad, un pésimo precedente y podría crear una brecha política en una materia tan importante que debería de contar con el respaldo de todos --avisó--. No nos obliguen a ello; mejor por consenso".
En parecidos términos se pronunció el portavoz de CiU, Jordi Xuclà, quien indicó que los acuerdos deben basarse en criterios de proximidad de entre los sistemas democráticos y garantías de universalidad de la capacidad del voto, por lo que no consideran conveniente aceptar que otros países impongan criterios como voto censitario o el ejercicio de determinadas profesiones. "Esto no pasa el filtro de la igualdad".
El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Jesús Quijano, admitió que Espala ha ido negociando esos convenios con una "interpretación amplia y flexible" del requisito constitucional de la reciprocidad. "España actúa con criterio generoso", reconoció.
Según dijo, se ha trabajado con una "reciprocidad mínima", es decir, el reconocimiento de derecho de voto en el otro país, y a partir de ahí las condiciones que han puesto no son equivalentes a las que fija España y en algunos casos resultan más restrictivas.
LA DOBLE PENA DE LOS INMIGRANTES DE DICTADURAS
En cambio, para el diputado de Iniciativa per Catalunya (ICV), Joan Herrera, el problema del requisito de la reciprocidad es que aquellos inmigrantes que proceden de países no democráticos son condenados a no votar ni en su país ni en España. "Esa limitación extraordinaria supone consolidar la extraterritorialidad de las dictaduras porque afecta a los ciudadanos que vienen aquí --se lamentó--. Se tiene que ir más allá de la vía del artículo 13.2 de la Constitución".
En ese sentido, Quijano dijo desear que en un futuro no fuera necesario el requisito de la reciprocidad y que se haya extendido por todo el mundo el principio de la ciudadanía universal. "Que sepan que yo me apunto y ojalá lleguemos a eso", comentó.
También Xuclà señaló que quizá el artículo 13.2 no es el mejor mecanismo de reconocimiento del derecho de voto pues hará imposible que los inmigrantes de algunos países puedan votar jamás, ya que sus países no permiten el voto de nuestros emigrantes (China, Marruecos y tantos otros del mundo árabe y del africa subsahariana).
