OVIEDO, 16 (EUROPA PRESS)
El viceconsejero de Prestaciones y Centros del Principado de Asturias, Paulo González, manifestó hoy que el Principado está asegurando "a día de hoy" todos los servicios y todas las prestaciones que se da con derecho subjetivo en la ley de dependencia". "El desarrollo de la ley en Asturias sigue un paso firme y vamos a continuar garantizando los derechos de estas personas".
González realizó estas manifestaciones durante la rueda de prensa que ofreció hoy en el sede de la Consejería de Bienestar Social sobre la aplicación en Asturias de la Ley de Dependencia.
El responsable regional señaló que la financiación de la Ley de Autonomía Personal está basada en tres pilares fundamentales: los usuarios, la administración general del estado y las comunidades autónomas. "En esa financiación de las dos administraciones, la diferencia está entre lo que el sistema cuesta y lo que pagan los usuarios", dijo, y añadió que por eso "tiene que haber una cofinanciación entre las dos administraciones".
En este sentido, apuntó el viceconsejero, todas las personas que aún siendo dependientes no entren en el calendario de la ley el Estado no las financia, sin embargo las comunidades autónomas prestan los servicios paralelos a la ley. "Hay un nivel acordado que pactan las comunidades autónomas a través de convenios anuales para completar la financiación de la ley", añadió.
Con esta cofinanciación ocurre que hay un desajuste económico por dos motivos, dijo el responsable regional, el primero es que la memoria económica estimó una cantidad de personas dependientes que en la realidad es superada por un 40 por ciento. "Si la cofinanciación de la Ley se basa en ello es lógico que el desajuste entre ambas administraciones sufra diferencias que tiene que asumir la comunidad autónoma", apuntó.
En segundo lugar, señaló González, hay una menor aportación de los usuarios patente en el desarrollo en todas las comunidades autónomas. Los usuarios en el sistema social copagan en función de su capacidad económica personal y no familiar.
Con esas dos premisas la Consejería de Bienestar Social y la Consejería de Economía realizaron sus estudios económicos para 2008 y para el desarrollo futuro de la ley. "En Asturias el desarrollo de la ley supone 110 millones de euros y el Estado financia 27 millones, con lo que el Principado está negociando con el Gobierno central", señaló.
Además, el responsable regional recordó que la nueva dirección del Imserso adoptó la medida de crear una comisión interministerial que analice y estudie el desarrollo de la ley y una comisión dentro del consejo territorial que va a analizar la cofinanciación de la ley con una premisa "clara", conocer cuanto cuesta la ley en el Principado y que porcentaje "estamos dispuestos a dar".
Por ello, el viceconsejero, manifestó que el Principado "no está dispuesto a negociar en el consejo territorial con los datos que todas las comunidades autónomas están poniendo encima de la mesa".
"Si hablamos de que la memoria económica se equivoca en el caso de Asturias que estimaba 6.000 personas en tercer grado de dependencia, cuando hay 21.400 solicitudes y con derecho a grado tres hay 8.000 personas, debemos observar, que por el contrario, en Madrid la memoria estimaba 23.000 dependientes de grado tres, y a día de hoy tienen 19.000 solicitudes, por lo tanto a Madrid le sobra dinero", dijo Paulo González.
Por lo tanto desde el Principado piden dentro del seno del consejo territorial un análisis interno, transparente a la hora de elaborar los datos y criterios firmes y reales.
En este sentido, Paulo González pidió también al PP que "si realmente creen en esta ley colaboren en el seno de la comisión de Bienestar Social con los datos que se les ofrece puntualmente y que no hagan demagogia", apuntó.