MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
Cinco sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP, SP y SCP) denunciaron hoy que en Logroño, donde se registró ayer el último caso de violencia de género, hay cuatro funcionarios policiales para atender a casi 170 mujeres con órdenes de protección y considera que "resulta prácticamente imposible atender a las más de 40 mujeres que corresponden por cada policía".
En un comunicado, señalan que los Protocolos e Instrucciones que se han venido desarrollando denotan "un alto grado de ineficacia", ya que "carece de contenido eficaz y no lleva aparejados presupuestos reales que garanticen su efectividad".
En concreto, destacan que la instrucción a esta materia establece que no se puede superar la barrera de las 12 órdenes de protección por policía y denuncian el caso de la Comunidad de Madrid, donde cada policía tiene a su cargo a más de 25 mujeres o las 20 de la Comunidad Valenciana o Murcia. Una ratio que, según estas organizaciones, se multiplica en las pequeñas unidades policiales como la de Logroño.
Además, señalan que de las 91.441 órdenes de protección solicitadas desde 2005, se han concedido unas 36.000 y recalcó que, cuatro años después de la puesta en marcha de la Ley Integral contra la Violencia de Género, la plantilla encargada de realizar esta misión "no alcanza los 600 policías".
En este sentido, recuerdan las denuncias de las organizaciones sindicales "contra la incapacidad operativa de garantizar la totalidad de las órdenes de protección, debido al déficit de personal y a la ausencia de presupuesto para hacer atractiva estas plazas".
Así, consideran "incierto y tendencioso" que se traslade a la opinión pública que actualmente existen más componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dedicados a la protección de mujeres que hayan sufrido violencia o que se encuentren amparadas bajo una orden de protección.
Por todo ello, señalan al Gobierno como causante de "esta situación de mentira, abandono y desidia" y señalan que en tanto que no acometa "una profunda revisión" a los planteamientos operativos de las unidades de protección a las víctimas de violencia de género, "responsabilizan por omisión al director general de la Policía y Guardia Civil, al Ministro del Interior y, por extensión al Gobierno de la Nación, de cualquier situación lesiva que ocurra al amparo de la Ley Integral contra la Violencia de Género".