SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, se adhirió hoy a la "grave preocupación" que sienten los colectivos sociales por el "giro cada vez más restrictivo" que está asumiendo la política migratoria en España.
Chamizo, quien recibió un manifiesto de rechazo hacia las políticas migratorias del Gobierno español por parte de la Asociación Vecinales de Andalucía (CAVA), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) y Andalucía Acoge, indicó en rueda de prensa que iniciativas como la Directiva de Retorno o el Plan de Retorno voluntario para extranjeros auspiciado por el Gobierno central "preocupan" a la institución que representa, pues suponen una "creciente restricción en la gestión de las migraciones".
Así, el Defensor indicó que "entiende" que sólo 286 inmigrantes de los 35.000 previstos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración se hayan acogido al Plan de Retorno Voluntario, según los datos aportados por CEAR, pues "saben que la vuelta a España es prácticamente imposible y ya han sufrido bastante como para volver a intentarlo otra vez pasados los tres años estipulados por el plan en los que los inmigrantes se comprometen a no regresar al país".
Por su parte, el portavoz de la APHD-A, Rafael Lara, explicó que a través de este manifiesto conjunto, las cuatro organizaciones han querido "unir sus fuerzas para transmitir a la población andaluza y la Administración nuestro rechazo al importante giro restrictivo por parte del Gobierno en la gestión del fenómeno migratorio que se concreta en la firma de la Directiva de Retorno y Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, el endurecimiento de la reagrupación familiar, la reducción a cero de las contrataciones en origen, el Plan de Retorno Voluntario para extranjeros en paro o la posible reforma restrictiva de la Ley de Extranjería".
Asimismo, criticó, que es "sangrante" que en el contexto actual de crisis económica, el discurso de los políticos insista en "relacionar crisis, paro e inmigración", aunque los inmigrantes no hayan tenido responsabilidad en la gestación de la actual coyuntura financiera, sino que son uno de los colectivos "que por su vulnerabilidad, más sufren sus consecuencias".
Estos discursos, "no pueden sino generar nuevas y graves fracturas sociales que fomentan el racismo y la xenofobia y justifican la desigualdad en el trato, la reducción de derechos y la discriminación del colectivo inmigrante".
"No entendemos que el discurso político se centre en el utilitarismo económico, el control, las fronteras y la seguridad, dejando de lado la integración, el arraigo laboral y social y los derechos humanos, así como la convivencia y el respeto hacia los inmigrantes que ya forman parte de nuestra sociedad", indicó.
Para Lara, la mencionada Directiva y las "graves restricciones políticas no acabarán con la inmigración irregular, y lejos de ser una medida disuasoria acrecentarán el sufrimiento de personas cuyo único delito es huir de la miseria y tratar de mejorar su calidad de vida, por lo que no puede ser este el pretexto para una posible reforma de la Ley de Extranjería que elimine los derechos adquiridos".
Este manifiesto será difundido por las organizaciones en diferentes actos programados durante este año y el próximo 2009, e irá dirigido "principalmente" a las corporaciones municipales pues, a su parecer, "el poder local el fundamental por su dinamismo y es necesario que se impliquen en esta lucha".
INMIGRANTES ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Por su parte, el secretario general de Andalucía Acoge, Miguel Ángel Morales, aprovechando que hoy se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, criticó que las mujeres extranjeras víctima de la violencia de género "sigue estando desprotegida si se encuentra en una situación administrativa irregular, aunque exista una Ley Integral de Violencia de Género (1/2004) que en teoría protege a todas las víctimas de violencia de género independientemente de su situación administrativa".
Morales, quien recordó que el 45,6 por ciento de las mujeres víctimas de violencia de género en 2008 son extranjeras, lamentó que este colectivo sufre una "doble discriminación" pues, "además de que a las extranjeras víctimas de este fenómeno el Estado no les reconoce el acceso a recursos normalizados en tanto no cuenten con permiso de residencia o trabajo, sufren una grave desprotección administrativa en lo relacionado con la trata y la prostitución, un fenómeno que crece por años".
