MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, considera necesario endurecer las sanciones recogidas en la Ley de Aguas para proteger la calidad del dominio público hidráulico, según recoge el Informe de la Institución correspondiente a 2007. "Ni el régimen sancionador de la Ley de Aguas ni su aplicación por parte de la administración hidráulica son suficientemente disuasorios, en especial cuando las infractoras son empresas mercantiles que mientras incumplen la legalidad obtienen beneficios por su actividad", señala.
A su juicio, debería ser estudiado un mecanismo legal en el que los antecedentes de incumplimiento reiterado en la materia inhabilitaran durante un tiempo al infractor para obtener autorizaciones de vertido (al dominio público hidráulico), e incluso concesiones de aguas en aras de lograr "un régimen sancionador más eficaz y una mayor protección de la calidad de las aguas". Se refiere así a los reiterados vertidos irregulares al dominio público por parte de empresas, "sin que la actividad sancionadora de la administración hidráulica haya resultado eficaz".
Además de dirigirse en cada caso concreto a la administración competente para conceder autorizaciones de vertidos (ayuntamientos), Múgica señala en el Informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que la administración hidráulica (Confederaciones Hidrográficas) puede revocar las autorizaciones de vertido otorgadas y dictar la caducidad de las concesiones existentes, así como adoptar medidas cautelares.
Por otro lado, también en materia de aguas, se muestra sorprendido por la "resistencia" de las corporaciones locales (que aprovechan aguas sin contar con concesión para abastecimiento o vierten sin autorización al dominio público hidráulico) a aceptar la regularización de su situación, exigida por el organismo de cuenca, alegando carencia de medios y amparándose en que la administración no suele dictar órdenes de paralización al estar afectadas las necesidades de consumo de una población.
En materia de Medio Ambiente, la mayoría de las quejas recibidas el pasado año se refieren a las deficiencias de información ambiental o la falta de consideración de las evaluaciones de impacto ambiental vinculadas a proyectos de infraestructuras. Por eso, reclama una legislación que aborde un régimen de cumplimiento más estricto de los requisitos para "evitar comportamientos administrativos que soslayan o prescinden del principio de protección del medio ambiente".
"INTOLERABLE" VOLÚMEN DE MÚSICA EN COCHES
La contaminación acústica también ha supuesto un número "importante" de quejas. En este sentido, señala que es preciso urgir a los poderes públicos para evitar reducir la contaminación acústica tanto del ruido de motocicletas y ciclomotores que circulan sin ajuste a las exigencias ambientales, como del de los coches que circulan con las ventanillas abiertas y la música a un volumen "intolerable" a cualquier hora del día y de la noche.
Finalmente, el Defensor del Pueblo ha decidido continuar la investigación sobre las actuaciones de la Junta de Andalucía en la restauración de balsas de fosfoyeso en desuso, tras el caso detectado en las cercanías de Huelva.
