VALENCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, reclamó hoy la colaboración judicial para identificar "debidamente" a las víctimas de violencia de género y, a partir de ahí, elaborar listados con sus teléfonos y distribuirlos por las prisiones de todo el Estado para evitar que los agresores condenados puedan llamarles.
Así lo indicó hoy Peralta en declaraciones a los medios de comunicación tras presidir la reunión del grupo de trabajo sobre violencia de género, creado en el marco del Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana.
Peralta consideró "necesario" contactar con representantes de jueces, a nivel del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Decanato o jueces de pequeños partidos judiciales, "para conseguir que sean conscientes de que se necesita, en muchos casos, que conste debidamente identificado tanto el agresor como la víctima de violencia", con el objetivo de desarrollar las medidas que figuran en la Ley Integral de Violencia de Género. Entre ellas, se encuentra un sistema pionero de Instituciones Penitenciarias, todavía por implantar, de elaboración de listados de teléfonos con víctimas de violencia.
Por el momento, avanzó que la cárcel de Picassent ya ha recibido por parte de la dirección general de Instituciones Penitenciarias la circular en la que se le informa de que están habilitados los medios técnicos necesarios para que cuando exista una lista en todas las prisiones con teléfonos de víctimas violencia de género se facilite a quienes estén legitimados para ello y puedan evitar las llamadas. Ahora, falta recabar información sobre esos números de teléfono.
El delegado del Gobierno de la Comunidad explicó que desde las cárceles, los agresores condenados "pueden hacer llamadas telefónicas a las víctimas", con lo que consideró conveniente que estos centros tengan "una relación muy precisa" de quienes son víctimas y agresores "para que puedan adoptar las medidas oportunas".
Para conseguirlo, junto a la colaboración judicial, abogó por una mejor coordinación entre administraciones, instituciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, centros penitenciarios y organizaciones sindicales, y una mayor relación entre los organismos judiciales y los que prestan servicios asistenciales para lograr que centros penitenciarios puedan dar cumplimiento efectivo a las órdenes de alejamiento.
A este respecto, la coordinadora del Área de Mujer en temas de violencia de género de la Delegación de Gobierno, Marina Calatayud, quien también estuvo presente en el encuentro, explicó que este sistema de Instituciones Penitenciarias evitaría que se efectuasen desde el interior de las cárceles llamadas por parte de agresores a víctimas de violencia.
Para ello, como el delegado, abogó por fomentar la coordinación en el ámbito judicial y para que se pongan en común las órdenes de protección existentes y vigentes, porque, recordó, "la pena de cárcel no conlleva una vigencia por el mismo tiempo de las correspondientes órdenes de alejamiento".
