MURCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, señaló hoy que "las comunidades autónomas no podemos consentir que la Ley de Dependencia, que es una buena Ley, esté sujeta a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni que su financiación se haga a costa de hacer desaparecer otras prestaciones, como ha sucedido con la eliminación, por parte del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, del Plan Gerontológico".
Bascuñana, que hizo estas declaraciones tras la reunión mantenida en el II Foro sobre la Dependencia en las Comunidades Autónomas, celebrado en Valencia, y al que han asistido sus homólogos de La Rioja, Valencia, Canarias, Madrid y Castilla y León, reiteró que "es muy importante que las comunidades se reúnan, porque la problemática es la misma para todos", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado de prensa.
En esta reunión, "como ocurriera hace seis meses en la que celebramos en León, hemos estado presentes las comunidades gobernadas por el Partido Popular, pero también hemos tenido contactos más informales con comunidades gobernadas por el Partido Socialista, y a todos nos preocupan los mismos puntos en el desarrollo de esta Ley", explicó.
El responsable murciano insistió en que la aplicación de esta Ley debe ser la misma en todas las comunidades y por tanto se deben seguir unos criterios únicos en su aplicación e insistió en que "la Ley es también de Promoción de la Autonomía Personal y esta parte tan importante no debe olvidarse".
A lo que añadió "no pueden desaparecer prestaciones como el Plan Gerontológico, porque, con ello, el presidente Zapatero contradice su discurso sobre el mantenimiento de los servicios sociales. Las prestaciones hay que darlas, pero no pueden ser financiadas exclusivamente por las comunidades y por los propios ciudadanos".
CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN.
Tras la celebración de la reunión de Valencia, los consejeros acordaron exigir al Gobierno de España que ponga en marcha una serie de medidas que aseguren la atención a las personas dependientes en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional y que garantice la sostenibilidad financiera de la Ley.
Piden que se dote de una financiación suficiente y asegurada en el tiempo, así como el establecimiento de un marco regulador que establezca para todo el país la determinación de la capacidad económica del beneficiario y los criterios comunes de acreditación que garanticen la calidad de los centros y de los servicios del Sistema de Atención a la Dependencia.
Los responsables de las citadas comunidades exigen, además, que se anticipe la revisión de la Ley para poder dar mejor respuesta a las peticiones de los ciudadanos y que se establezcan mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones.
