MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los Grupos Parlamentarios Popular y Convergencia i Uniò en el Senado coincidieron hoy, en el marco de la Comisión de Educación, Política Social y Deporte, en reprochar a la secretaria de Estado de Política Social, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, que el Gobierno ha realizado un cálculo "erróneo" del número de posibles beneficiarios de la Ley Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como en calificar de "insostenible" su financiación.
Para la portavoz 'popular' de Política Social en la Cámara Alta, María Ángeles Font, la norma "está basada en un cálculo erróneo, ya que, a estas alturas, hay más del doble de grandes dependientes de los que en un principio se había previsto". Asimismo, señaló sobre la financiación que "existe un grave problema que lastra la ley y deja en el limbo los fondos previstos para su desarrollo".
En este sentido, indicó la necesidad de "rediscutir" la distribución de las partidas económicas y apuntó que "todas las comunidades autónomas coinciden en que el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte ha dejado de cumplir sus compromisos" sobre la definición de los decretos del 'copago', o la cantidad que tienen que asumir los beneficiarios, y la acreditación de los centros y servicios. "La financiación a las autonomías, que están asumiendo solas, no está asegurada en el tiempo", aseveró.
Por último, afirmó que existe un "gran retraso" en la evaluación de los dependientes y aseguró que "muchos ciudadanos han fallecido en su intento" de recibir las ayudas."Esto se va a agravar en 2009 porque el Gobierno ha dejado de considerar la ley prioritaria y se va a producir un frenazo en la valoración de los dependientes", criticó.
Desde las filas del Grupo catalán, Rosa Nuria Aleixandre apuntó que se encuentra en una situación de "esquizofrenia total" debido a la diferente "percepción" que sobre la financiación de la ley tiene el presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, y el Gobierno central. "Es necesaria una mayor inversión en Dependencia; las comunidades autónomas necesitan más dinero", aseveró.
Por ello, Aleixandre pidió a Valcarce que sea "más realista" en sus previsiones, "en un momento de situación económica como éste". Asimismo, señaló que el aumento del presupuesto para la Dependencia, tal y como contempla el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2009 "no contempla las necesidades reales de los ciudadanos". "Entendemos que no es momento para dar grandes aportaciones económicas, pero son ustedes los que se han comprometido", concluyó.
Por su parte, el senador del grupo mixto Pedro Torres indicó que "las dudas sobre la viabilidad de la ley son cada vez más grandes" y avanzó en que "se está replanteando" aplazar las ayudas a las personas con menor grado debido a la crisis. "Se ha demostrado que los presupuestos no son suficientes y que existe la necesidad de armonizar y homogenizar los baremos en todo el territorio español", añadió.
"LA FINANCIACIÓN ES SUFICIENTE Y ESTABLE"
"Hay que señalar que la financiación la ley es muy clara, suficiente, estable y sostenida en el tiempo", replicó la Secretaria de Estado, para añadir que "ante la difícil coyuntura económica, el Gobierno va a seguir reforzando las políticas sociales que ayuden a las familias españolas". "La Ley de Dependencia es una norma universal que marca un antes y un después en la atención a las personas", aseveró.
Asimismo, Valcarce recordó que el calendario de desarrollo de la norma culmina en 2015 y que su memoria económica "prevé cambios". Por ello, apuntó que se ha incrementado un 26 por ciento el presupuesto para 2009, tras reconocer en el sistema de Dependencia a menores de tres años y enfermos mentales. "Esto es fácilmente comprobable si se cotejan los datos", reprochó la representante gubernamental a los grupos del Senado.
Concretamente, al PP le contestó que "no existe" un cálculo erróneo de dependientes, ya que el Libro Blanco de "estimaba la atención de 400.000 personas y, según los datos, hasta ahora, hay algo más de 390.000 beneficiarios". No obstante, reconoció que en ese cómputo se han detectado más grandes dependientes que dependientes severos.
Sobre el 'copago' y la acreditación de centros y servicios, señaló que "en este momento se están discutiendo" los borradores de ambos decretos en una la comisión delegada para trasladarla al Consejo Territorial --integrado por los responsables autonómicos en materia de Dependencia y representantes ministeriales--. Asimismo, indicó que "se están estudiando" los criterios para hacer evaluaciones plurianuales.
A este respecto, recordó que el Gobierno "se ha comprometido en el Congreso a realizar una evaluación piloto que va a buen ritmo". Asimismo, apuntó que la comisión de expertos independientes, aprobada por el Parlamento, para realizar la evaluación de la calidad del sistema "todavía no se ha puesto en marcha" porque los miembro de este grupo están en proceso de selección.
