MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular pidió hoy el cese de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcárcel, por "mentir" sobre el número de personas dependientes que están siendo atenidos.
Durante el Pleno del Congreso, el diputado 'popular' Miguel Barrachina indicó que la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, "dice que 256.000 personas reciben algún tipo de ayuda derivada de la Ley de Dependencia, mientras que Valcárcel habla de 397.000". "Si no miente ella, miente usted, señora ministra", espetó el diputado 'popular' a Cabrera.
Barrachina también denunció que la titular de Educación no haya presentado en el Parlamento los informes anuales sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en 2007 y 2008. "Debería haber informado en dos ocasiones sobre el balance de la ley y todavía no lo ha hecho ninguna", criticó.
El portavoz del PP aseguró que el Gobierno "ha perdido en dos años el apoyo de las empresas, sindicatos, comunidades autónomas y asociaciones del sector con el que nació la norma". Para 2009, vaticinó un año "de frustración, de destrucción de empleo en el sector y de más desigualdades en el tipo de atención a la dependencia que presta cada autonomía".
Por su parte, Cabrera dijo que los datos que maneja ella son los mismo que los que utiliza Amparo Valcárcel, que son las cifra que ofrece el Imserso, elaboradas en base a los datos que le facilitan las comunidades autónomas. "Cuando no cuadran es porque las autonomías no los envían. Los datos no son míos son de las comunidades autónomas", se defendió la ministra.
Así, acusó al PP de utilizar las estadísticas para "enfrentar a las comunidades", de querer confundir a la opinión pública y de utilizar medias verdades. "Utiliza los mismos argumentos de siempre pero aumentando un poco el grado de catastrofismo", espetó a Barrachina.
La ministra defendió que el Gobierno está sometiendo a debate todas las decisiones que se toman para desarrollar la Ley de Dependencia y se comprometió a garantizar que todos los dependientes accedan a unos servicios mínimos independientemente de la comunidad en la que vivan.
"El Gobierno tiene un compromiso inequívoco con el despliegue de la ley, como lo demuestra el hecho de que estamos cumpliendo con los plazos", aseveró, al tiempo que recalcó que "la sociedad conoce este sistema y valora que se haya reconocido un nuevo derecho subjetivo".