EpC.- Álvarez Areces cree que la aceptación judicial de las impugnaciones abre un "camino peligrosísimo" en la educación

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, consideró hoy que la aceptación judicial de las impugnaciones a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), abriría un "camino peligrosísimo" en el sistema educativo, con la posibilidad de que se empezaran a producir impugnaciones de colectivos o particulares a diversas materias o a enseñanzas relacionadas con la evolución darwinista y la teoría creacionista o con las Matemáticas.

En rueda de prensa en Sevilla, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, Álvarez Areces se refirió con estas manifestaciones al hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) haya confirmado mediante el auto del 11/01/2008 que el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales es la vía adecuada en los recursos interpuestos frente a Educación para la Ciudadanía, rechazando la petición del abogado del Estado y del letrado de la Comunidad Autónoma Asturiana sobre la inadmisión a trámite del recurso de los padres objetores.

Para Álvarez Areces, la decisión del TSJA, que será recurrida por el Gobierno autonómico, debe ser tomada desde la preocupación de un sistema educativo que "tiene la obligación de escolarizar a los alumnos en las etapas de escolarización obligatoria". Dijo que, en el caso de que alumnos no recibieran la enseñanza de EpC, nos encontraríamos ante casos de alumnos que no tienen la escolarización debida y a los que se les podrían originar unos perjuicios insalvables.

Dijo que el hecho de que desde el punto de vista judicial se entre en temas como la aceptación de ese tipo de imputaciones "abre un camino peligrosísimo que hemos puesto también en conocimiento del Ministerio de Educación y Ciencia para que se analice una posible situación de que ante diversas materias empiecen a producirse impugnaciones de colectivos o de personas particulares".

"En el caso de la evolución darwinista y la teoría creacionista o de las matemáticas", puso como ejemplo el presidente, para quien se podría generar una situación "ingobernable que alcanzaría algunos extremos donde se está negando la capacidad de un Parlamento que ha hecho una ley orgánica".

Alertó de que, por esta vía de las impugnaciones, "se está introduciendo una distorsión muy grave en el sistema educativo". Insistió en expresar su discrepancia con el auto del TSJA, aludiendo a los "peligros" que pueden suponer en un país democrático que no se respete "la capacidad del Parlamento de establecer las pautas generales de un sistema educativo tan importante para el futuro de los ciudadanos".

RESPUESTA DE CHAVES.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, defendió hoy la impartición de la asignatura que ha sido "aceptada con carácter general" por parte de la ciudadanía, tras conocerse los últimos autos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en los que se autoriza la objeción de conciencia a dos familias en Huelva y Málaga.

Chaves explicó que la Junta está cumpliendo con una ley democrática que ha sido aprobada por el Congreso y el Senado, donde reside la soberanía nacional. Explicó que, por un lado, las resoluciones del TSJA han señalado que la Junta tiene que admitir a trámite y resolver el planteamiento o recurso de padres en contra de Educación para la Ciudadanía aún cuando sus hijos no iban a recibir la enseñanza de la asignatura porque no estaban en el curso en el que se iba a impartir, mientras que, por otro lado, en relación con un caso de Bollullos par del Condado (Huelva), sí ha suspendido la decisión de la administración autonómica de rechazar el planteamiento de objeción de conciencia del padre de un alumno.

Según Chaves, en Andalucía hay 90.000 alumnos que reciben actualmente la enseñanza de EpC, mientras que ante la Junta de han planteado sólo unos 400 casos de petición de objeción de conciencia, muchos menos ante los tribunales.

Asimismo, el presidente recordó que ya existe una resolución del TSJ de Andalucía en la que no se acepta la suspensión cautelar de la impartición de la asignatura en el sistema educativo andaluz.

El TSJA ha estimado la solicitud de objeción de conciencia presentada por padres de alumnos de Málaga y de Bollullos Par del Condado para que éstos no cursen la asignatura Educación para la Ciudadanía, al suspender cautelarmente una resolución administrativa dictada por el viceconsejero de la Consejería de Educación, Sebastián Cano, que rechazaba dicha objeción.

En el primero de los dos autos dictados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, a los que ha tenido acceso Europa Press, los firmantes consideran que, en el caso de la localidad onubense, "si se deniega la medida cautelar" se crearía una situación "que no podría ser alterada por el contenido de una eventual sentencia estimatoria de las pretensiones de los demandantes", porque, entre tanto, "su hijo habría recibido los contenidos educativos que se pretenden evitar".