SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz rechazó hoy, con los votos de PSOE e IULV-CA, una iniciativa del PP en la que demandaba que la institución reprobara a la consejera de Educación, Teresa Jiménez, por "su nefasta gestión y muy especialmente por vulnerar el derecho a la intimidad de los menores que en el ejercicio de sus derechos han objetado a cursar la asignatura Educación para la Ciudadanía", cuyos nombres fueron publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
En defensa de la iniciativa, el diputado del PP Santiago Pérez indicó que "el rechazo al Plan de calidad y mejora de los rendimientos escolares, "las graves e importantes carencias en materia de infraestructuras educativas, la posición de Andalucía en la cola del ránking de comunidades en educación, y la derogación de once planes y proyectos educativos constituyen, entre otros, claros ejemplos de la ineficaz gestión de la Consejería de Educación".
Agregó que la publicación en el BOJA de los nombres y apellidos de 81 alumnos cuyos padres habían ejercido su derecho a la objeción de conciencia es un "pésimo ejemplo del abuso por parte de la Consejería de Educación, que pone de manifiesto la valoración que le merece la especial protección de los menores por parte de los poderes públicos consagrada en nuestra legislación".
"Esta clara vulneración al derecho a la intimidad de los menores, al que están especialmente obligados los poderes públicos, ha sido puesto de manifiesto por el Defensor del Pueblo Andaluz, quien tras actuar de oficio ante este hecho solicitó además a la Consejería de Educación que impidiera que en futuras ocasiones se volviese a identificar a los menores con nombres y apellidos", según Pérez.
A esto hay que añadir, según agregó, la investigación iniciada por parte de la Fiscalía de Sevilla sobre tal suceso y la exigencia de la Agencia Española de Protección de Datos de limitar la difusión de datos personales tras atribuir a la Consejería de Educación "una infracción muy grave".
Lamentó que la "máxima responsable de la política educativa en Andalucía y, por tanto, responsable directa de lo acontecido no asume la responsabilidad que la comunidad educativa solicita y se escuda en el cese de una funcionaria como cierre a este lamentable suceso".
Por su parte, la parlamentaria del PSOE Araceli Carrillo manifestó que el PP demuestra al plantear esta iniciativa "poca imaginación y no tener alternativas", ya que basan su línea argumental en la "manipulación y la tergiversación de la información". Señaló que los populares han basado la iniciativa en un conjunto de "falsedades", mientras dijo que el tema de EpC se ha convertido en una "obsesión y en una cruzada" para el PP.
Señaló que el PP quiere reprobar a la consejera por mantener una "política de diálogo y de consenso", por la gratuidad de los libros de texto y de transporte escolar, por las medidas para evitar el abandono temprano de las aulas, o por los avances en el sistema educativo, en general.
El parlamentario de IU Ignacio García criticó el "abuso" que hace el PP de las iniciativas demandando la reprobación de miembros del Gobierno andaluz, lo que supone un "desperdicio del tiempo parlamentario". Dijo que una reprobación sólo debe estar justificada por "razones de peso" y que tengan que ver con el interés general de la sociedad, algo que, a su juicio, no se da con la iniciativa popular. En cualquier caso, indicó que los sucesivos gobiernos de Manuel Chaves no han dado a la educación la importancia que merece.
