VALENCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
Sindicatos del sector docente coincidieron hoy en celebrar la decisión del Ministerio de Educación de recurrir la orden que desarrolla la signatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en la Comunitat Valenciana y que establece que se imparta en inglés y se pueda superar con trabajos. Para las entidades, este nuevo recurso, que se une a los interpuestos por diversas entidades sindicales, prueba que la norma es "claramente ilegal".
Así, en opinión de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE UGT PV), el recurso del Gobierno central es una iniciativa "necesaria" que "sirve para ayudar moralmente a todas las personas, profesores y centros que han mostrado su postura contraria a la actitud de la Conselleria de Educación".
Para esta organización, la Generalitat va con esta orden "en contra del alumnado" y "atenta contra los centros por motivaciones políticas", por lo que se va a encontrar con "muchos recursos", auguró en declaraciones a Europa Press el secretario de Relaciones Institucionales de FETE UGT PV, Gerardo Fernández.
Por su parte, la Federació d'Ensenyament de CCOO, que también ha recurrido la orden, considera que el Ministerio demuestra con su acción que "nosotros no estamos equivocados, ya que pensamos que la orden es claramente ilegal" y una nueva "ocurrencia del conseller de Educación de la Generalitat, Alejandro Font de Mora".
De igual modo, consideraron que con este anuncio el Ejecutivo español "rectifica" en cierta manera su decisión de no recurrir el currículo de la asignatura como sí ha hecho en otras comunidades autónomas, apuntó el secretario de Enseñanza Pública de la federación, Miguel Ángel Vera.
Desde el Sindicat de Treballadors i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià valoraron la decisión del Ministerio como algo "totalmente positivo" y recordaron que este sindicato, además de presentar su propio recurso contra la orden, llevaba tiempo instando al Ministerio a que "moviera ficha" en este sentido.
Para STEPV es "evidente" que la orden del Gobierno valenciano "atenta contra la normativa del Ministerio" y confiaron en que la justicia decrete su suspensión cautelar porque "el sistema educativo podrá respirar un poco de cara al curso próximo", aseguraron fuentes de la entidad a Europa Press.