GINEBRA, 20 Feb. (Reuters/EP) -
Los paquetes para estimular las economías de los diferentes gobiernos deben incluir provisiones para ayudar a los trabajadores inmigrantes, quienes podrían enfrentar las situaciones más difíciles en una crisis económica, según aseguró hoy la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, que añadió que los estados no se libran de su obligación de proteger los Derechos Humanos cuando se producen crisis.
Pillay también alertó de que las crisis financieras, económicas e industriales tendrán un impacto desproporcionado sobre las formas de ganarse la vida de los grupos vulnerables y marginados. Las mujeres, los niños, discapacitados, refugiados e inmigrantes lo tendrán más difícil para encontrar trabajo, permitirse comida y alojamiento y acceso al agua, cuidado médico y a la educación, declaró Pillay en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
"Permanecen en la línea de frente de las privaciones, y son los que más probabilidades tienen para perder sus trabajos y perder el acceso a las redes de seguridad social y de servicios", señaló.
Los trabajadores inmigrantes son especialmente vulnerables al abuso y a los ataques cuando los empleos son más escasos, de acuerdo con esta abogada procedente de Sudáfrica, donde el alto desempleo provocó manifestaciones violentas contra los extranjeros el año pasado, terminando con la vida de más de 60 personas.
"La protección de los derechos de los inmigrantes en términos de su trabajo y condiciones de vida, y en el hecho de pérdida de empleo, debería ser integrada en respuestas a las crisis. De forma crucial, no deben escatimarse esfuerzos para proteger a los inmigrantes de la discriminación y de la xenofobia", añadió.
Las economías desarrolladas como la estadounidense, la británica y la australiana no deberían reducir los programas de asistencia para realizar los paquetes de estímulo fiscal, señaló Pillay, quien también anotó que los países donantes tradicionales también deben seguir ayudando a los estados pobres, que dependerán cada vez más de los fondos extranjeros para poder afrontar la crisis.
La revisión del Consejo de Derechos Humanos de la crisis financiera fue convocada a petición de Brasil y Egipto de parte de los estados africanos, con el apoyo de decenas de otros países en desarrollo como China, India, Rusia, Arabia Saudí y Yemen, entre otros. En sus conclusiones, Pillay también señaló que los Gobiernos que buscan salvar trabajos y mantener las industrias golpeadas por la recesión deben asegurar que se ajustan a los acuerdos internacionales que han firmado, como los tratados de la ONU sobre los derechos económicos y sociales, los derechos de la infancia y los de los discapacitados.
"Los estados no se liberan de sus obligaciones de proteger los Derechos Humanos en tiempos de crisis", manifestó, arguyendo que, en vez de hacer esto, se deben realizar políticas para proteger a las personas y grupos amenazados como "asuntos urgentes y prioritarios".
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