MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) recomienda a las clínicas privadas que realizan abortos, ante la actual huelga, "reflexionar" sobre la situación del aborto en España. Asimismo, considera que "ya es hora de que los poderes públicos atiendan este problema con seriedad y con rigor", y espera que el Gobierno termine con una situación en la que "abortar en España es un calvario para las mujeres y los profesionales que han decidido ayudarlas".
Según explicó hoy en un comunicado, desde que en 1985 se despenalizaron algunos supuestos del aborto -- "eufemísticamente denominados interrupción voluntaria del embarazo", señala--, era necesaria una nueva legislación que en unos plazos concretos dejase el tema a la libre decisión de las mujeres.
Desde entonces, entre los problemas de la Ley actual, se encuentra que el aborto continúa penalizado y sólo deja de estarlo en unos supuestos concretos, lo que "deja abierta de manera permanente la investigación judicial para comprobar si cada aborto concreto es o no un delito, situación que ha sido aprovechada de manera recurrente por sus detractores".
Al mismo tiempo, lamenta que no se haya regulado la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, "quedando de esta manera en una situación en la que lo mas cómodo y menos comprometido es la objeción". Derivado de esta situación, a su entender, se encontró una solución natural en el sector privado en el que "los intereses económicos paliaban los dos inconvenientes anteriores".
Asimismo, los profesionales del sistema público se veían en la necesidad de objetar debido a que "era lo mejor", teniendo en cuenta que se podían ver en los tribunales acusados de asesinato y "máxime cuando una interpretación demasiado laxa de la legislación permitía a cada profesional hacerlo en cada caso concreto y la objeción se ampliaba a todos los que tenían alguna relación con el asunto".
Para FADSP el resultado de esta situación se traduce en que el 97 por ciento de los abortos se realizan el sector privado, "en muchos casos financiados por el sistema público". Y, en consecuencia, se favorece que "el ánimo de lucro interfiera" en las decisiones y que "puedan producirse actuaciones anómalas, que en todo caso, de existir, serán excepcionales". El problema es que, en su opinión se estas están sirviéndose para una "caza de brujas" por parte de los sectores del integrismo católico, "conscientes de que crear un clima de terror es lo adecuado para que se produzca un retroceso en el ejercicio normalizado del aborto", añade.
En definitiva, advierte que "la solución solo puede venir por una nueva legislación" que contemple una ley de plazos, que permita a las mujeres su libre decisión; la regulación de la objeción de conciencia, "única y exclusivamente para el acto del aborto"; y la cobertura del aborto en la Sanidad Pública incluyéndolo explícitamente en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).
