Actualizado 19/06/2009 14:07

Garoña.-La Junta de CyL reclama al Gobierno que actúe con responsabilidad y tenga en cuenta el informe favorable del CSN

Recuerda que el reactor se acaba de cargar por lo que mantener la actividad dos años "no es un balón de oxígeno, es cerrar la central"


VALLADOLID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, reclamó hoy al Gobierno de la nación que actúe con responsabilidad y tenga "muy en cuenta" el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a favor de la continuidad de la vida útil de la central nuclear de Santa María de Garoña, ubicada en el Valle de Tobalina (Burgos).

Villanueva, para quien la manifestación que recorrió ayer las calles de Miranda de Ebro (Burgos) a favor de la continuidad de la central nuclear es una muestra de la preocupación y de la incertidumbre de los trabajadores y de los vecinos de la comarca, recordó también la voluntad de Nuclenor, la empresa que gestiona la central burgalesa, de cumplir todas las condiciones impuestas por el CSN para garantizar su funcionamiento.

Dicho esto, aprovechó la ocasión para aclarar que la central nuclear de Santa María de Garoña no es la misma que se diseñó hace casi 40 años ya que a lo largo de este tiempo se han invertido 150 millones de euros que hacen que esta planta esté "muy actualizada" y "perfectamente" vigente.

Del mismo modo, advirtió de que mantener la actividad de la central de Garoña dos años más "no es un balón de oxígeno" ya que el reactor se acaba de recargar por lo que consideró que continuar la actividad esos dos años es como cerrar la central. "Que se prorrogue por diez años, además el informe del CNS prevé la posibilidad de la prórroga a partir de 2019", continuó Villanueva, que recordó que hay muchas centrales de características similares a las de la planta burgalesa a las que ya se ha dado vía libre para funcionar hasta los 60 años.

El vicepresidente de asuntos económicos en el Gobierno de Castilla y León lamentó asimismo la "falta de previsión" del Ejecutivo central para el desarrollo económico de esta zona y reconoció que los trabajos realizados por la Junta en los últimos años para dotar de más de suelo industrial y captar inversiones en Miranda de Ebro y en la comarca de las merindades no serán suficientes para dar una alternativa a los 1.000 puestos de trabajo que se perderán con el cierre del reactor.