de la Vega defiende la candidatura española para el Consejo de DDHH de la ONU ante la Alta Comisionada, Navathem Pillay
MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno español intentará que la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que no se aplicará en Reino Unido, Polonia ni República Checa, sea un "referente para los países que aspiren a una futura incorporación a la Unión", según informó hoy el Ministerio de la Presidencia.
Así se lo expuso hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay. De la Vega pidió el apoyo de Pillay para las prioridades de Derechos Humanos de la próxima presidencia española de la UE, que comienza el 1 de enero.
La presidencia española empezará con el Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Humanos ya en vigor, después de que el presidente checo, Vaclav Klaus, firmara ayer el Tratado, precisamente después de haberse asegurado que la Carta de Derechos no se aplicará en su país.
Entre las prioridades de Derechos Humanos de la presidencia española de la UE, De la Vega se refirió en concreto a la lucha contra la pena de muerte, las políticas de acceso al agua potable y saneamiento, la igualdad de género, la lucha contra la tortura y contra la discriminación por orientación sexual, el desarrollo de la Convención de derechos de las personas con discapacidad y la puesta en marcha de políticas para prevenir el fenómeno de los niños soldado.
REORIENTAR EL ENFOQUE DEL CONSEJO
Mencionó también el deseo del Gobierno español de reforzar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y reorientar su actual enfoque político a otro "más cívico y cercano a las necesidades de las víctimas". Y en ese contexto, defendió la candidatura española para formar parte de ese órgano a partir de mayo de 2010.
España aspira a ocupar uno de los 47 asientos del Consejo de Derechos Humanos desde que se creó en 2006 para remplazar al anterior Comité de Derechos Humanos. La primera candidatura fracasó por un voto y el Gobierno decidió mantenerla para el periodo 2010-2012.
Presidencia recordó hoy en un comunicado que España está haciendo un "gran esfuerzo financiero y político en el sistema de Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos" y en la actualidad España es el tercer país contribuyente a la Oficina de la Alta Comisionada, con una contribución de cerca de 8 millones de euros en 2009.
MECANISMO DE CONSULTAS PERIÓDICAS
Con la visita de Pillay, que esta tarde se reunirá además con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, España y la ONU ponen en marcha un mecanismo de consultas bilaterales para abordar de manera periódica cuestiones relacionadas con la promoción y la defensa de los derechos humanos en el mundo.
En el encuentro, la Alta Comisionada elogió el compromiso de España con estas políticas y mostró especial interés por el desarrollo del Plan de Derechos Humanos, aprobado en 2008 y que cuenta con dos ejes prioritarios: la igualdad, la no discriminación y la integración de las personas; y la puesta en marcha de mecanismos para reforzar las garantías de protección de los Derechos Humanos.
Según Presidencia, también felicitó al Gobierno por la puesta en marcha de iniciativas como la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como la Ley de Igualdad.
De la Vega, por su parte, le recordó que una de las prioridades del Gobierno español en el ámbito de los Derechos Humanos es la lucha contra la pena de muerte en todo el mundo, empezando por lograr una moratoria universal para 2015. Ese objetivo lo expresó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante la Asamblea General de la ONU en 2008. La prohibición de la pena de muerte es uno de los aspectos recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
