Actualizado 08/04/2008 15:30

El Gobierno navarro destinará en el periodo 2008-2011 más de 825 millones de euros a la Cartera de Servicios Sociales

Cerca de 150.000 personas podrán beneficiarse de estas prestaciones de la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General


PAMPLONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno foral destinará en el periodo 2008-2011 más de 825 millones de euros a la Cartera de Servicios Sociales, 88 millones más que en la legislatura pasada. Este instrumento de la Ley de Servicios Sociales, aprobada en la pasada legislatura, contará con una aportación del Estado de unos 49,6 millones de euros, alrededor de 12 millones al año, lo que supone un 6 por ciento del coste de la Cartera entre 2008 y 2011.

El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, afirmó hoy en rueda de prensa que la aprobación de la Cartera de Servicios Sociales "es un momento histórico ya que Navarra es la primera comunidad que pone en marcha un proyecto social de esta envergadura". "Esta Cartera sitúa a Navarra como referente y modelo para otras comunidades", añadió.

Miranda destacó que este proyecto "supone el verdadero desarrollo de la Ley Foral de Servicios Sociales de Navarra, que fue aprobada la pasada legislatura y que contó con un amplio respaldo político y social".

Al respecto indicó que, con esta Cartera, el Gobierno foral "se compromete con los ciudadanos a prestarles un servicio social de calidad, en tiempo y forma". "Los servicios sociales son un derecho de los ciudadanos y no una mera asistencia que prestaba la administración", apuntó.

El pasado año 2007, el presupuesto que el departamento de Asuntos Sociales dedicó a las prestaciones, que hoy forman parte de la Cartera, ascendió a 141 millones de euros. Para este año, 2008, el Gobierno de Navarra presupuestó 172,3 millones de euros. Para los próximos años, la dotación económica ascenderá a los 207 millones de euros en 2009; 217 millones de euros en 2010 y más de 229 millones en 2011.

Los servicios incluidos en la cartera incluyen a las personas mayores o con una discapacidad, con o sin dependencia, a las personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, a los menores de edad en situación de desprotección o conflicto social o en riesgo de estarlo, y a las víctimas de violencia de género.

Alrededor de 150.000 personas en Navarra, un 25 por ciento de la población, podrán beneficiarse de las prestaciones de la Cartera de Servicios Sociales, que fue aprobada ayer en la sesión del Gobierno de Navarra.

En concreto, unos 106.000 de los beneficiarios serán personas mayores; 32.000 personas con discapacidad; 10.000 personas del área de incorporación social; 1.500 del área de menores; y 130 de víctimas de violencia de género.

Miranda destacó que esta Cartera "ha sido máxima prioridad del Gobierno de Navarra al aprobarse después de siete meses del comienzo de la legislatura, de forma que se pueda desarrollar en su totalidad a lo largo de este periodo".

El vicepresidente aseguró que es "una importantísima medida de carácter social que se encuadra en nuestra política de carácter general". "El objetivo es ser capaces de generar riqueza en Navarra para que esta riqueza especialmente hacia los colectivos más desfavorecidos pueda ser repartida adecuadamente", añadió.

RETO EN SERVICIOS SOCIALES

Por su parte, la consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, María Isabel García Malo, destacó que el desarrollo de la Cartera "es el reto más importante que va a afrontar este gobierno en el ámbito de los Servicios Sociales a lo largo de esta legislatura". "Es una apuesta clara y rotunda por las personas y por los servicios sociales", apuntó.

La novedad de la Cartera de Servicios Sociales es que establece el derecho de las personas a servicios sociales concretos, como un derecho subjetivo exigible. Además, concreta este derecho, de forma que tanto la población como los profesionales van a disponer de un instrumento que les permite conocer a qué prestaciones tienen derecho y a cuáles pueden acceder aunque no sean garantizadas.

Este instrumento divide las prestaciones en dos grupos, según sean garantizadas o no garantizadas. En total, 140 prestaciones, de las cuales, 90 (el 64 por ciento del total), son garantizadas y 50 (el 36 por ciento restante), no gararantizadas. Además, de estas 140 prestaciones, el 81 por ciento (113 prestaciones) son servicios y el 19 por ciento (27 prestaciones) son ayudas económicas.

Se estructura en ocho áreas de intervención: atención primaria, atención a la dependencia, atención a las personas mayores, atención a las personas con discapacidad, atención a las personas con enfermedad mental, atención a las personas en situación de exclusión social, atención a menores, y atención a víctimas de la violencia de género.

Las áreas de atención primaria, atención a la dependencia y la atención a las víctimas de género todas las prestaciones son garantizadas.

La consejera señaló que "en Navarra podemos afirmar que los servicios sociales constituyen el cuarto pilar del estado de bienestar porque los servicios sociales son mucho más que la atención a la dependencia".

La Cartera va más allá de lo previsto en la Ley de Dependencia, ya que ésta establece tres grados (gran dependencia, severa y moderada). Cada grado establece dos niveles y prevé una aplicación progresiva. De forma que en el año 2007 se protegería a los grandes dependientes, en 2008 y 2009 a los dependientes severos de nivel 2, en el años 2010 y 2011 a los dependientes severos de nivel 1, y a partir de 2012 a los dependientes moderados.

Sin embargo, la Cartera prevé que los dependientes severos de nivel 1 entren ya este año para las ayudas para permanencia en el domicilio y para los ingresos temporales en residencia, y el año que viene para los servicios de centro de día y estancias diurnas, y transporte adaptado y asistido.

La creación de la Cartera ha contado con más de 500 aportaciones de diversos colectivos entre los que se encuentran partidos políticos, agentes sociales, colegios profesionales, varias fundaciones del área de la discapacidad y de las personas mayores, empresas y profesionales de los servicios sociales, entre otros.

En este sentido, García Malo señaló que es "fruto de un amplio proceso de participación, lo que supone que es un instrumento avalado y un instrumento común de toda la sociedad navarra". "El documento no ha estado exento de dificultades pero a la vez ha sido muy enriquecedor y apasionante para todos los que lo hemos llevado a cabo", añadió.