MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las objeciones de conciencia planteadas la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y la lucha para reducir el abandono escolar son dos de los desafíos a los que se habrá de enfrentar Mercedes Cabrera al frente de su departamento.
Uno de los aspectos más polémicos desde la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) es la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC). El pasado jueves se volvió a conocer una nueva sentencia amparando este derecho a una familia de Málaga y el Tribunal Supremo deberá unificar doctrina, dado que los Tribunales Superiores de Asturias y Cataluña no reconocen este derecho.
El Gobierno se ha marcado también como objetivo la integración de la universidad española en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), combatir el abandono escolar prematuro y promover un "gran acuedo" con el profesorado y situar a España "por encima de la media europea" en investigación.
Ya en su discurso de Investidura del pasado martes, Zapatero subrayó que en educación "no son necesarias más leyes" y anunció que que el Gobierno va a poner en marcha programas específicos para superar el nivel que los alumnos tienen hoy del dominio de la lengua, competencia matemática y conocimiento del inglés; aspectos que puso en evidencia el último Informe PISA 2006.
Para ello, el Gobierno aseguró el pasado mes de enero en su programa electoral que es necesario un "mayor compromiso social" en educación, que pasa por la implicación "activa" de todos los agentes que intervienen en este campo, así como el compromiso de los presidentes autonómicos, a los que convocará en una Conferencia.
Con el objetivo de analizar el sistema educativo, realizará una "evaluación general" cada cuatro años, cuyos resultados presentará a las Cortes para que "guíe el debate de las prioridades de la política educativa para mejorar los aspectos que lo requieran". En la misma línea, promoverá planes de autoevaluación en los centros educativos en los que participe el profesorado, el alumnado y las familias.
En relación a la educación post-obligatoria, establecerá un programa de becas-salario, para jóvenes entre 18 y 24 años, que aportarán el salario mínimo interprofesional durante los cursos escolares de Bachillerato y ciclos de grado medio. Y es que, el Gobierno, se propone aproximarse al objetivo europeo para el año 2010 que señala que el 85 por ciento de los jóvenes de esa edad deben tener la formación de Bachillerato o Formación Profesional de grado medio.
En lo que respecta a la educación universitaria, destacan la elaboración de un Estatuto del Estudiante Universitario y la constitución de un Consejo del Estudiante Universitario. Asimismo, para mejorar la proyección internacional de las universidades españolas, potenciará la Fundación para la Proyección Exterior de las Universidades y la promoción y desarrollo de iniciativas que faciliten la acogida de estudiantes y profesores extranjeros como el Programa de vivienda universitaria.
Por otro lado, el Gobierno doblará los recursos para ciencia e investigación, con el objetivo de situar a España "por encima de la media europea". Junto con ello, promete aprobar el Estatuto del personal investigador e incorporar a 50.000 personas al sistema de ciencia y tecnología, así como extender hasta 2012 del Plan Avanza.
DEPENDENCIA
Tras asumir la gestión de las Políticas Sociales, Cabrera deberá aplicar la Ley de Dependencia. Así, la sucesora de Jesús Caldera recoge el encargo de fomentar que los servicios y prestaciones que establece la norma lleguen a las personas que las han solicitado y que las comunidades autónomas agilicen los procesos de valoración de dependientes.
Según fija la ley, los 'grandes dependientes' tendrían que estar recibiendo las ayudas desde el año pasado, hecho que no ocurre en todos los casos, mientras que los 'dependientes severos nivel II' se beneficiarán de las mismas entre este año y el siguiente. Además, sobre este ministerio recae la responsabilidad de crear el Observatorio Nacional de la Dependencia, compromiso recogido en el programa electoral del PSOE.
En este mismo sentido, el PSOE se comprometió durante la campaña electoral a crear 200.000 empleos para las personas discapacitadas en los próximos cuatro años, así como a aprobar la Ley de Accesibilidad Audiovisual de las Personas con Discapacidad.