Gobierno valenciano cree positivo que el Gobierno se una a las políticas de inmigración europeas

VALENCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Inmigración y Ciudadanía del Gobierno de Valencia, Rafael Blasco, consideró hoy "muy positivo" que el Gobierno se adhiera a las políticas de inmigración europeas y haya "abandonado la política errática que había llevado a cabo estos últimos años" aunque criticó que el Ejecutivo central "no ha consultado a las comunidades autónomas, que somos las que asumimos la responsabilidad de la integración real de los inmigrantes".

Blasco respondió así, tras presentar el balance del primer año de su departamento, a preguntas de los periodistas sobre el texto que la presidencia francesa de la Unión Europea ha elaborado junto con el Gobierno español, y al que se ha adherido Alemania, para lograr un Pacto europeo sobre inmigración y que los ministros de Inmigración de los Veintisiete analizan hoy en el Consejo informal que se celebra en Cannes.

El titular de Inmigración señaló que en la Comunidad "nunca" se ha hablado de contrato de integración por lo que "no hemos tenido ningún roce con el Gobierno" y puntualizó que el compromiso "no es ninguna adaptación al contrato" de integración sino lo que es "exactamente lo que estos días va a firmar el Gobierno en Europa".

Por ello, a su juicio, el debate de la denominación, "más virtual que real, es una cuestión secundaria" y resaltó que en la Generalitat "no nos hemos movido ni un milímetro, no como el Gobierno que ha querido dar una imagen de envoltura de celofán y ha pasado de dar la espalda a las políticas europeas de inmigración a estar en una disquisición meramente nominal para aceptar lo mismos que hemos planteado en la Comunidad".

Asimismo, realizó una "llamada de atención" al Gobierno por negociar con Europa políticas sobre inmigración "de espaldas" a las comunidades autónomas, que "somos las que tenemos que pagar la factura de un Gobierno irresponsable que traslada 800.000 inmigrantes y extranjeros sin la financiación de los fondos adecuados para que estas personas puedan tener la cobertura de los servicios públicos con las dignidad que como personas se merecen".

En este sentido, matizó que no quieren competir con el Gobierno central sino "complementar las políticas activas de España, ser leales y movernos en el marcos constitucional que nos corresponde, siendo coadyuvantes a las políticas de inmigración de España". Así, se mostró esperanzado de que la posición del Ejecutivo central responde a "la voluntad explícita de que va a representar una modificación sustancial de las políticas sobre inmigración del Gobierno, que se traduzca en políticas concretas y operativas".

"La inmigración en España es un fenómeno reciente y el problema no está en que 800.000 personas lleguen a la Comunidad, sino que lo hagan en los últimos siete años por lo que los inmigrantes han crecido un 400 por ciento", subrayó Blasco, quien aseguró que es el delegado del Gobierno el que "tiene sobre sus espaldas la vergüenza de tener en esta Comunidad, cerca de 90.000 personas en situación irregular e ilegal" porque en la Generalitat "no damos pasaportes, ni expedimos DNI ni tenemos la competencia de pedir documentos para conocer la legalidad".

PLAZO DE RETENCIÓN "PREOCUPANTE".

El consejero aseguró que desde el Ejecutivo autonómico ven con "cierta preocupación" que la política europea pudiera representar alguna restricción en las libertades o la dignidad de las personas. Así, le pareció "preocupante" la ampliación del plazo de retención a inmigrantes en situación irregular porque "un Gobierno que en 40 días no sabe discernir si una persona es de un país o de otro, difícilmente ampliando ese plazo va a poder diferenciar otras circunstancias que acompañan a los inmigrantes", lamentó.

Para Rafael Blasco, el problema es que la política europea llega con retraso porque no se trata de asumir hoy las políticas europeas sino que se hace con el más de un millón de personas irregulares indocumentadas que existen en España, como consecuencia del efecto llamada de la política catastrófica del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero" aunque resaltó que "lo importante es que el Ejecutivo asuma sus contenidos y podamos tener lo más cerca posible una política de inmigración".

Respecto al compromiso de integración de la Comunidad, indicó que no tiene un contenido casual, sino que han estudiado durante un año las medidas concretas que se desarrollaban en Europa, para adaptarse a ellas y que el inmigrante o extranjero "no va a firmar nada" sino que "voluntariamente expresa el interés por conocer la realidad económica y social de la región". Además, consideró necesario "luchar contra los atisbos que no son representativos de la sociedad valenciana --como la poligamia o la desigualdad de género-- con todo el peso de la ley y haciendo pedagogía política".

Para ello, explicó que participarán en módulos formativos sobre el entorno socioeconómico de la Comunidad, sus instituciones de autogobierno, las lenguas oficiales y un conocimiento mínimo de la cultura autonómica. A quienes participen, se expedirá un certificado que las personas que dispongan de él "lo harán valer donde quieran bajo su propio criterio".