El PP plantea en el Congreso un catálogo básico de servicios sociales para víctimas de violencia machista e hijos
MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSOE defenderá el próximo martes ante el pleno del Congreso una inciativa para que se exima a las víctimas de violencia de género del pago de las tasas por plantear una demanda de separación o divorcio, así como por otras cuestiones familiares que se dirimen en el orden civil, que tendrán que abonar a raíz de la entrada en vigor esta semana de la nueva Ley de Tasas Judiciales.
Se trata de una proposición no de ley que la socialista Ángeles Álvarez defenderá el próximo martes ante el Pleno del Congreso de los Diputados puesto que, según la legislación, las víctimas de violencia de género estaban exentas hasta ahora de cualquier pago tanto en los procesos penales como en los civiles y, con la entrada en vigor de la Ley de Tasas, tendrán que pagar aquellas relativas al orden civil.
Así las cosas, Álvarez pide explícitamente en la iniciativa al Gobierno que "declare la exención objetiva de la tasas para la interposición de demanda y presentación de ulteriores recursos en todos los procedimientos civiles que se tramiten ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, de conformidad con el artículo 87.ter.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".
Este artículo establece que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los asuntos de filiación, maternidad y paternidad; de nulidad del matrimonio, separación y divorcio; aquellos que versen sobre relaciones paterno filiales; los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar; aquellos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de menores, o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores, entre otros.
MÁS PETICIONES
La proposición no de ley, recogida por Europa Press, realiza hasta doce peticiones al Gobierno, como exigir del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en otros impuestos de las ayudas y prestaciones de todo tipo que los hijos menores de edad de las víctimas de violencia de género perciban por esta causa.
Así como el establecimiento de mecanismos que aseguren que las pensiones de orfandad que puedan corresponder a los hijos de víctimas de violencia machista, con el incremento previsto en la disposición adicional primera de la Ley de Igualdad, se puedan disponer inmediatamente con las oportunas garantías para abonar los gastos a que deban hacer frente, sin perjuicio de lo que dispongan con posterioridad las resoluciones judiciales.
Es más, quiere que se proceda al reconocimiento de exención de tasas académicas para las víctimas de la violencia de género, así como para sus hijos e hijas, en los correspondientes niveles educativos y centros oficiales de estudios, de igual forma que se promueva en los órganos de cooperación con las comunidades autónomas la aplicación y desarrollo normativo de estas medidas, de forma que se asegure su efectividad, atendiendo a las competencias de las diferentes administraciones.
APOYO Y PROTECCIÓN A MENORES
Igualmente, esta iniciativa del PSOE reclama al Gobierno adoptar medidas para la protección, apoyo y asistencia a los hijos de las víctimas mortales de la violencia de género y en particular cuando son menores, orientadas a facilitar las mejores condiciones posibles para que puedan rehacer sus vidas.
El mismo día, se debatirá otra propuesta del PP, que defenderá la portavoz 'popular' de Igualdad, Marta González, y en la que también el PP solicita protección para los hijos de las víctimas de violencia machista.
En concreto, plantea al Gobierno el desarrollo de una cartera básica de servicios sociales orientada a las víctimas de violencia de género y a sus hijos, una "lacra social" que este año arrastra más de 40 víctimas, y de las que sólo siete denunciaron.
La inclusión de los menores dentro de la protección a las víctimas de violencia machista se trata de una de las reivindicaciones del PP en la anterior legislatura socialista y que fue rechazada en varias ocasiones en el Parlamento.
Dado que el PP cuenta con mayoría absoluta en el arco parlamentario, la iniciativa 'popular' en esta ocasión saldrá previsiblemente adelante.
En la proposición no de ley, recogida también por Europa Press, los 'populares' instan al Gobierno a que, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las comunidades autónomas, se desarrolle un catálogo básico y mínimo de servicios sociales que incluya a las víctimas de violencia de género en materia social, con el fin de establecer criterios comunes en el tratamiento que ofrecen las distintas comunidades.
La Ley de Violencia de Género de 2004 recoge el derecho a una asistencia social integral. En este aspecto, el PP ve "imprescindible" la colaboración y coordinación interinstitucional, puesto que esta asistencia social integral ha de responder a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.
Es más, los 'populares' argumentan que el reconocimiento de los derechos de las mujeres desde una perspectiva integral constituye uno de los "avances más importantes" de esta Ley Orgánica, garantizándose a todas las mujeres con independencia de su origen, religión o de cualquier otra circunstancia personal o social.
En este sentido, puntualizan también que tendrán derecho a la asistencia social integral, a través de estos servicios sociales, los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida.
A estos efectos, el PP dice que los servicios sociales deberán contar con personal específicamente formado, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos para estos menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de género.
Con el máximo respeto a las competencias atribuidas a cada administración, cree necesario a su vez el establecimiento de unos servicios básicos y comunes exigibles por igual a todas las autonomías, para atender de forma integral y garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia de género, en condiciones de igualdad efectiva, con independencia de la comunidad en la que residan.
Por todo ello, aclara que los servicios contenidos en dicha cartera no tendrán la consideración de mínimos, sino de básicos y comunes, es decir, los fundamentales y necesarios para llevar a cabo una atención adecuada, integral y continuada a todas las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género y, por tanto, podrán ser completados, mediante la incorporación de otros servicios que mejoren o amplíen lo dispuesto en esta cartera general.
El debate de ambas iniciativas tendrá lugar un par de días después de la celebración internacional del Día de la lucha contra la Violencia de Género, que se celebra el 25 de noviembre, este domingo.
