El presidente regional cree que tendrá que involucrase "toda la tribu" porque "prevenir es vivir"
La FAD asegura que todos los programas desarrollarán una acción coordinada y apuesta por enseñar porque no sólo es "prohibir"
TOLEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Reina Doña Sofía presidió hoy en Toledo la firma del convenio entre la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) y el Gobierno de Castilla-La Mancha que permitirá desarrollar una novedosa y pionera iniciativa de acción global e integral en el ámbito educativo en el que tendrá que involucrarse "toda la tribu", reconoció el presidente regional, José María Barreda, puesto que "prevenir es vivir".
La firma, en el Museo de Santa Cruz de Toledo, la rubricaron el presidente autonómico y el director general de la FAD, Ignacio Calderón, que sustituyó a última hora al presidente de la FAD José Ángel Sánchez Asiaín, que no pudo llegar a la convocatoria por las colisiones múltiples de la A-42. A ellos le acompañaron Su Majestad La Reina; la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page.
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, señaló en su intervención que los niños se forman "continuamente" y en cualquier lugar "en la calle, en la plaza" y por eso, es necesario prevenir, puesto que "prevenir es vivir" y en este punto en concreto es en lo que hay que hace hincapié con este convenio, en el que se debe "involucrar toda la tribu".
Los niños y jóvenes están recibiendo estímulos e información que "condicionan su concepción del mundo y de la vida" y deben saber, consideró, que el hecho de conseguir drogas "no les va a beneficiar lo más mínimo" con lo que hay que "romper la cadena" y que haya más ejemplos que los que se basan en una sociedad "libre y sana".
"Las tinieblas de las drogas ocasionan muchas más bajas" que las que pueden producir nieblas como las de hoy en la provincia de Toledo, dijo, y por eso, pidió la ayuda y colaboración de todas las instituciones, de los sindicatos, representantes del área de Bienestar Social, la Sanidad y del ámbito educativo porque se trata de "un reto tan importante como es cambiar de mentalidad, hábitos, usos y costumbres".
Por eso, el hecho de que haya un convenio que afecta al conjunto del Gobierno, con las consejerías de Bienestar Social, Educación y Bienestar Social, pero también a todos los sectores "que trabajan y se ocupan de ellos", hace que sea necesaria la ayuda y colaboración de todos, insistió.
El director general de la FAD, Ignacio Calderón, dijo por su parte, en nombre de Sánchez Asiaín, que el convenio se suscribe "con verdadera ilusión" ya que se trata de una iniciativa novedosa de acción global e integral en el campo de la acción educativa para que "por primera vez, todos los programas" desarrollen una acción coordinada.
"Hay que enseñar y no sólo prohibir", destacó, y así lo confirman las investigaciones sobre las estrategias a aplicar en estos casos, y para ello, es necesario fórmulas que "superen lo informativo y se conviertan en instrumento de socialización", que además sean coherentes y "eviten la confusión" y por último, sean "precoces" y se desarrollen desde los inicios de la vida.
Por su lado, el filósofo y educador toledano, José Antonio Marina, consideró que el acuerdo supone "dos buenas noticias", que se trate de un proyecto de integración que incluya el esfuerzo y los recursos educativos, y que suponga "un cambio de estrategia" en la prevención del consumo de drogas.
Se trata, indicó, de integrar recursos educativos hasta ahora "muy dispersos" y recordó que educar, "educamos todos", puesto que con el comportamiento "influimos en las creencias de otras personas queramos o no". Así, para educar a un niño "hace falta la tribu entera", apostando en este sentido porque se pueda elaborar una Carta de los Deberes Educativos de la sociedad.
ENFRENTARSE.
Lo que se necesita, insistió, es aprender y organizarse ya que "las drogas han venido para quedarse y no se van a ir" y por lo tanto, es necesario un cambio en la demanda de drogas y enseñar a los jóvenes a enfrentarse "con algo con lo que sin duda alguna se van a enfrentar".
Apostó por poner como objetivo de este convenio la reducción del consumo de drogas en Castilla-La Mancha, con datos que sean valuables y mensurables, a lo que Barreda replicó asegurando que establecer como objetivo la reducción de consumo es algo "interesante" porque "solo se alcanzan los objetivos que uno se plantea".
Por eso, según el presidente regional, "tenemos que recoger esa sugerencia" y fijar para el futuro que los datos del convenio sean evaluables y "en unos años sopesar el éxito" y, deseó, que se haya reducido "de una manera clara el consumo de drogas".
Por su parte, Marina habló además de aumentar la capacidad "de enfrentarnos con los problemas", de incrementar los recursos de los jóvenes para darles autonomía y desarrollar la 'arethé' o virtud de la excelencia, la energía, porque son necesarias generaciones "alegres, no caprichosas, que estén seguras de sí mismas".
No obstante, consideró que "no basta" con las capacidades psicológicas para resolver los problemas, sino que hay que tener en cuenta que se trata de "un problema ético y no sólo sanitario", y señaló además que se trata de un método "lento" y que sólo va a ver resultados "años después".
El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, que intervino en primer lugar, aseguró que desde el Consistorio toledano se facilitará la incorporación laboral en los Planes de Empleo a las personas que estén en estos programas, y agradeció a la Reina su respaldo a esta nueva iniciativa de la FAD y la Junta "por la sensibilidad hacia un problema que tanto nos preocupa a todos".
SEIS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN.
El documento recoge el desarrollo de seis programas preventivos en materia de drogodependencias en la región, uno de ellos en el ámbito educativo, tres dirigidos a jóvenes escolarizados y a asociaciones juveniles, otro en el ámbito familiar, dirigido a los padres, y el último en Atención Primaria, dirigido a los profesionales sanitarios.
La firma, que supondrá un desembolso económico de 448.632 euros cada uno de los tres años que estará en vigor, lo que supone una inversión de 1,3 millones de euros en total, hará posibles múltiples acciones de prevención entre los escolares castellano-manchegos, sus profesores y sus familias.
