SEGO pide a Soria que "no tire la piedra y esconda la mano" e identifique a los objetores que practican abortos

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) pidió hoy al ministro de Sanidad, Bernat Soria, que "no tire la piedra y esconda la mano" sobre la supuesta conducta irregular que estarían teniendo algunos de estos profesionales, objetando a practicar abortos en la sanidad pública y realizándolos en centros privados.

Así lo manifestó el doctor José Manuel Bajo Arenas, presidente de la asociación que representa a 6.000 de los cerca de 8.000 ginecólogos que hay en España, durante la presentación de la declaración pública sobre el aborto realizada por la SEGO frente a la "alarma social" generada en los últimos meses a raíz de la denuncia de supuestas irregularidades en la aplicación de la Ley sobre Despenalización del Aborto.

El doctor Bajo Arenas asegura que su organización "no es consciente" de que existan ginecólogos que se acojan a la objeción de conciencia para negarse a practicar abortos en la sanidad pública y los realicen después en la privada, como ha denunciado Soria. Cree que el ministro no debería conformarse con "tirar la piedra y esconder la mano" en este asunto, sino que tendría que identificar a estos sujetos y acusarles ante la Justicia

Respecto al Registro de Médicos Objetores al Aborto en el que está trabajando Sanidad, el presidente de la SEGO dijo que se trata de una idea "no amparada por la Constitución ni por los códigos deontológicos", donde se contempla el "derecho insoslayable" de estos profesionales a ejercer la objeción de conciencia, y que de violarse este derecho, la SEGO podría plantearse emprender "medidas legales".

"La SEGO subraya que los especialistas en ginecología y obstetricia tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia ante los supuestos de despenalización del aborto contemplados en la Ley Orgánica 9/1985, de acuerdo con la Constitución Española y con sus códigos deontológicos", señaló la declaración pública de la SEGO.

DEFINICIÓN DEL ABORTO "DEMASIADO AMPLIA".

"Los poderes públicos --añadieron los ginecólogos-- y en especial los responsables sanitarios, han de garantizar el cumplimiento de las leyes y las normas de acreditación para que las pacientes que se acojan a la ley tengan todas las garantías de calidad necesarias".

Aunque rehusó manifestarse a favor o en contra de convertir la actual Ley del Aborto --basada en supuestos despenalizables-- en una ley de plazos, Bajo Arenas reconoció que la actual norma está "obsoleta" en relación con la definición del término aborto, ya que la ciencia "ha avanzado mucho" en estos últimos años.

A su juicio, ya no puede considerarse aborto la interrupción del embarazo a partir de la semana 22 de gestación, sino "destrucción intrauterina de un feto viable", ya que entre la semana 23 y la 24 las posibilidades de que el feto sobreviva son del 59 por ciento y en la siguiente semana del 77 por ciento.

En concreto, según los datos facilitados por la SEGO, entre las semanas 22 y 23 de gestación el feto tiene un 74 por ciento de posibilidades de morir y un 26 de seguir con vida; entre las 23 y la 24 un 59 por ciento de sobrevivir y un 41 de morir; entre la 24 y la 25 las opciones de supervivencia aumentan al 77 por ciento y las de muerte se sitúan en el 33 y así hasta las semanas 27 y 28, en la que el feto tendría un 15 por ciento de posibilidades de fallecer.

La SEGO apuesta por que el concepto de aborto recogido en la ley se cambie por la "definición médica" que respalda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y que responde al concepto de viabilidad fetal, por el que un aborto sería "la expulsión o extracción de su madre de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos de peso", que se alcanza "a las 22 semanas de embarazo".

"El concepto jurídico de aborto no coincide exactamente con el propio de la Medicina. Es más amplio, al incluir la posible destrucción intrauterina del feto más allá de la época contemplada en la definición científica de aborto", denuncia el doctor.

"DEJAR NACER" AL FETO CON MALFORMACIONES GRAVES.

Para el representante de los ginecólogos, "triturar un feto con una turmix hasta hacerlo papilla" --la técnica que se emplea para acabar con un embarazo a partir de la semana 22 de gestación y que consiste en segmentar el feto dentro del útero para facilitar expulsión-- "no puede considerarse un aborto".

Con el fin de evitar realizar abortos tardíos y con ellos este proceso, que es legal en el supuesto de que el parto traiga consecuencias físicas o psicológicas para la madre o en el supuesto de que el feto presente malformaciones graves, los expertos apuestan por "inducir al parto para salvar al niño" en el primer supuesto y en el segundo, "reforzar el diagnóstico prenatal" para detectar antes las posibles malformaciones y por dejar que el bebe con malformaciones nazca, ya que "si es grave morirá y, si no, vivirá".

Para la ginecóloga Rosa María Sabatel, miembro también de la SEGO, en la actualidad son sólo 1 de cada tres mujeres las que paren a niños con malformaciones graves que después mueren, ya que la mayoría son detectadas dentro de los plazos legales, y "muy pocas" las que tienen que acogerse a este supuesto.

No obstante, señaló que para prevenir estos casos, la SEGO ha pedido a la Administración que aumente sus esfuerzos para que el ginecólogo cuente con tiempo suficiente para realizar una exploración completa en la semana 22 de embarazo, cuando se realiza el 'screening' de malformaciones del feto.

En su documento de consenso, la SEGO pide a los responsables sanitarios y agentes de la salud realizar "un importante esfuerzo" para evitar los embarazos no deseados y recuerda que el aborto practicado en el primer trimestre de la gestación "no debe ni puede ser considerado como un procedimiento contraceptivo".

Asimismo, recalcan que todas las embarazada que se someta a un aborto legal deben recibir "un adecuado soporte psicológico, con el fin de minimizar el impacto negativo del mismo, con independencia de haber sido convenientemente informada con anterioridad de los riesgos potenciales de la intervención abortiva".