CÁCERES, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los Colegios Profesionales de Trabajo Social de las provincia de Cáceres y Badajoz reclamaron hoy más medios humanos y materiales para afrontar el nuevo sistema de servicios sociales de base que se pondrá en marcha con la Ley de Dependencia y calificaron el actual sistema como "obsoleto, precario y desigual".
Estos calificativos fueron utilizados por el presidente del Colegio de la provincia de Cáceres, Mateo García, en el acto inaugural de una jornada que se celebra hoy en el IES 'Universidad Laboral' de la capital cacereña y a la que acuden 350 trabajadores sociales de toda la región.
A lo largo de la mañana y a través de diversas ponencias intentan analizar la actual situación de los servicios sociales en Extremadura ante la implantación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de Dependencia, más conocida como la Ley de Dependencia.
García señaló, en su discurso ante las autoridades asistentes, entre las que se encontraba el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que el actual sistema de prestación de servicios sociales de base "está un poco obsoleto", ya que se implantó en 1985 pero "no ha evolucionado según las necesidades de la población", apostilló.
"Hemos pasado de ver en los pueblos a los trabajadores sociales con su cartera y sus papeles a verlos con ordenadores portátiles, pero el servicio sigue siendo precario y desigual en la región", aseveró el presidente del colegio cacereño.
Por todo ello reclamó que se articulen nuevos sistemas de organización de estos servicios sociales de base y apuntó la posibilidad de que sean las diputaciones provinciales las que los asuman en los municipios, "para no dejarlos en manos de los ayuntamientos que no tienen recursos para atender las necesidades de los ciudadanos", manifestó.
NUEVAS PLAZAS DE TRABAJADORES SOCIALES.
Por su parte, el presidente del Ejecutivo extremeño, reconoció en su intervención que el número de trabajadores sociales en la región "es insuficiente" de cara a afrontar los nuevos retos que plantea la Ley de Dependencia, y recordó que se crearán 73 nuevas plazas para irse acercando a la ratio por habitante, "aunque siempre serán pocas, porque los ciudadanos reclamarán más servicios todavía", dijo.
No obstante, indicó que las dificultades que hay que afrontar a la hora de aplicar la nueva Ley "son lógicas" ya que se trata de "un modelo en construcción" del que no se tienen precedentes "por lo que hay que estudiar las verdaderas necesidades" para poner en marcha el nuevo sistema de servicios sociales públicos del futuro.
Destacó que es "la primera vez" que las comunidades autónomas tienen el reto de desarrollar esta "nueva estrategia" de servicios sociales de una forma plena, ya que las competencias en esta materia ya están transferidas, mientras que las anteriores medidas se habían adoptado desde la centralización de los servicios en el Estado, lo que permitía una aplicación "con cierta homogeneidad" al estar organizado desde el Gobierno central para todas las regiones.
Ante este panorama, el presidente auguró que el futuro pasa por la colaboración de todas las administraciones, (ayuntamientos, diputaciones, junta, mancomunidades, etcétera), por lo que se trabajará en la línea de adecuar a las necesidades de la población el reparto de competencias entre cada administración.
En la misma línea se pronunció el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Juan Andrés Tovar, quien recordó que Extremadura "fue pionera" en poner en marcha, hace unos veintitrés años, el sistema de servicios sociales existente y vaticinó que "también ahora lo será" con la nueva normativa y la nueva realidad social.
Por su parte, la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, elogió el trabajo que realizan estos profesionales "de una forma callada" y recordó que los ayuntamientos son "la primera puerta que se abre" a la hora de poner en marcha los servicios sociales para los ciudadanos, pero se lamentó de que sigan "sin tener unos presupuestos dignos" para poder acometer este fin.
Cabe recordar que en Extremadura existen actualmente unos 1.100 trabajadores sociales (500 en la provincia de Cáceres y 600 en la de Badajoz), y a nivel nacional unas 30.000 personas se dedican a ofrecer a los ciudadanos estos servicios públicos.