"Derechos Humanos contra el SIDA". Por Olivier Longué, director general de Acción contra el Hambre

Olivier Longué, Acción contra el Hambre

La cumbre internacional sobre el SIDA que se acaba de terminar en México demuestra que la movilización mundial contra la temible pandemia está llegando a un punto de inflexión. Esta cumbre es el gran evento mundial que cada dos años reúne a todos los actores del SIDA: la comunidad internacional, los gobiernos y las ONG del Norte y del Sur, los científicos, los laboratorios, las farmacéuticas, los activistas y las personas que viven con el virus. Todos conforman la "comunidad del SIDA", que a pesar de su heterogeneidad, ha conseguido crear una movilización sin precedentes para hacer frente al peligro global que representa el SIDA.

Está dando frutos: La pandemia parece estar estabilizada e incluso empieza a bajar en África subsahariana. No obstante, aún afecta a más de 33 millones de personas, el 67 por ciento en África y ha dejado, sólo allí, a más de 12 millones de niños huérfanos. Cada día 7.000 nuevas personas se infectan.

Este año, la comunidad del SIDA ha marcado una pausa para analizar las tendencias y las posibles evoluciones de la pandemia. Aunque los estudios sobre el VIH/SIDA se conocen más por su sus hallazgos en el descubrimiento del virus y en la creación de nuevos fármacos, la investigación ha originado también un extraordinario trabajo de las ciencias sociales para entender la vertiente humana de la enfermedad.

Los beneficios de la movilización han desbordado el campo del SIDA para afectar el conjunto de las políticas de salud pública en todos los países y para reformular las políticas de colaboración hacia el Sur. Por este motivo, la Ministra de Sanidad de Lesotho reconocía que el SIDA, a pesar del sufrimiento que representa para su población, donde uno de cada tres adultos es portador del virus, representa también una "oportunidad" para cambiar el orden del mundo. Esta "oportunidad" sin embargo, está amenazada por cuatro tendencias.

Las evidencias científicas demuestran hoy cuáles son las formas de dirigir las políticas de lucha contra el SIDA tanto en prevención como en el tratamiento. Sin embargo, a la hora de definir e implementar estas políticas ha sido imposible superar el marco moral e ideológico que prevalece en muchos países. Numerosos estudios destacan cómo el SIDA está creciendo entre los jóvenes de menos de 25 años en los países que han promovido la abstinencia como única estrategia de prevención.

Un macroestudio realizado en EEUU demuestra que las campañas de prevención del SIDA que tuvieron mayor impacto, al cambiar la actitud de dos tercios de los jóvenes, eran las que hablaban claramente no sólo del SIDA, sino de la sexualidad que forma parte de su realidad. Las que se dedicaban sólo a preconizar la abstinencia han tenido efectos opuestos, especialmente en las comunidades afroamericanas e hispánicas. En EEUU, como en Irán, la religión, las ideologías y la incapacidad de transcender el marco moral nutren un marketing político conservador que favorece el desarrollo de la pandemia y que vende la tradición frente a una modernidad con cara de SIDA y de vicio. Los tabúes religiosos son, en 2008, el principal obstáculo al desarrollo de la educación y de la prevención.

La segunda amenaza está directamente relacionada con esta primera. Los estudios demuestran que las campañas realizadas entre los grupos de riesgo tienen un mayor impacto para reducir la tasa global de prevalencia de la enfermedad en una sociedad. La tendencia sin embargo, es la criminalización de estos grupos en la mitad de los países afectados. En África, de los 10 países con más impacto, 7 tienen los dispositivos legales más duros del mundo, lo que dificulta el trabajo de prevención, de detección y de acceso al tratamiento.

La criminalización afecta también a las mujeres, que hoy representan el 60% de las nuevas personas contaminadas en el África subsahariana. Casi 2 de cada 3 mujeres están contaminadas en el ámbito familiar, es decir, sus propias parejas. Mientras, 14 países africanos han adoptado leyes que criminalizan la seropositividad. En al menos 5 países una mujer puede ser encarcelada por transmitir el virus a sus hijos durante el embarazo, cuando la OMS señala que una de cada tres mujeres africanas ha sido víctima de violencia sexual a lo largo de su vida.

La criminalización, apoyada por el marketing político conservador, consiste finalmente en culpar el portador del virus, sea quien sea, porque se estima que su conducta ha sido inmoral. Cada año más países adoptan nuevas medidas legales para supuestamente frenar la pandemia, pero el virus no sabe de leyes y ninguna norma ha demostrado su eficacia. Al contrario; provocan un retroceso importante en la percepción pública de la enfermedad ("yo no formo parte de un grupo de riesgo") que se traduce en una menor conciencia de la enfermedad.

La tercera amenaza afecta directamente uno de los grandes pilares de la lucha contra el SIDA: la movilización de todos los actores. La "comunidad del SIDA" ha contribuido a crear una sociedad civil en muchos países que carecían de mecanismos democráticos o de representación. El propio Fondo Global contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria reconoce que el 40% de sus fondos van al fortalecimiento de la sociedad civil. Este modelo ha sido una revolución porque ha dado el protagonismo a los afectados y a los gobiernos locales. Además, la movilización ha generado sus principios y sus mecanismos en cuestión de transparencia y de rendición de cuentas: se pierde una fracción mínima del dinero.

Hoy, estos éxitos están cuestionados por los propios Estados, que exigen convertirse en los únicos recipientes de los fondos internacionales. El chantaje es real, ya que supone que los gobiernos podrían abusar de sus prerrogativas para denegar la asistencia internacional a los enfermos del SIDA por todos los motivos económicos o ideológicos explicados anteriormente. Los casos de presión, intimidación o incluso exacciones se están multiplicando en África y en Asia, menos en América Latina y por ello muchos donantes están reduciendo su ayuda. La decisión de España de incrementar su aportación es una buena noticia en este contexto, además, porque va centrada a un tema tan central como la vacuna contra el SIDA.

La cuarta amenaza es la crisis alimentaria mundial y su impacto sobre las mujeres. El SIDA comparte las mismas víctimas que el hambre y especialmente en los lugares más vulnerables. Los estudios demuestran que cuanto más poder económico y legal asume la mujer, más capacidad tiene a la hora de negociar el uso del preservativo o de conseguir los recursos alimenticios. En Botsuana y Zimbabue, el 80% de las mujeres en situación de inseguridad alimentaria recurren a la "protección masculina" para aumentar sus recursos y a la pobreza tradicional de las mujeres se suma en muchos casos su indefensión jurídica.

Por estas cuatro amenazas, la batalla del SIDA debe cambiar de rumbo para superar la dimensión de un simple problema de salud pública. La movilización debe ahora incluir los Derechos Humanos para defender las personas seropositivas y los colectivos vulnerables ante la pandemia porque los Derechos Humanos tienen ya desarrolladas todas las disposiciones, ratificadas además por la mayoría de los países, para actuar en defensa de los marginados. Por su neutralidad, el terreno legal permite superar las ideologías y las creencias y por su vocación universal, contienen la base para que las personas víctimas de la pandemia cuenten con un acceso sin restricción a la prevención y a los tratamientos, estén donde estén. Para muchos, esto puede ser el primer paso para una movilización mundial, no tanto para cambiar las leyes, aunque a veces hará falta, sino para aplicarlas de verdad.

Este nuevo reto va más allá de la gran pandemia, porque además de salvar muchas vidas humanas, se convierte una forma concreta de conseguir más derechos y más justicia. Una oportunidad para todos, para todas.