"Osamuyia Aikpitanhi, nigeriano de 23 años y sin papeles, falleció el sábado cuando era deportado a Nigeria en un avión de Iberia". "En dos ocasiones anteriores los agentes tuvieron que suspender su expulsión por la resistencia física que opuso". "El nigeriano muerto cuando era extraditado estaba amordazado y no llevaba esposas".
Estos son algunos titulares de la noticia que ha sido portada de más de un medio en las últimas semanas. La familia dice que estaba atado de pies y manos y acusa a la policía de malos tratos; la policía dirá otra cosa; Rubalcaba comparece para informar; pero sólo los que estaban allí saben con certeza qué fue lo que llevó hasta la muerte a este joven nigeriano. Temerario sería pues aventurarse, desde aquí, a decir algo sobre lo que no hemos visto, pero sí podemos, con lo que ya sabemos, reflexionar sobre lo que se esconde detrás de esta desgraciada noticia.
Para empezar, de ser cierto que el migrante se había resistido otras veces a ser deportado, la policía debía haber previsto este inconveniente y tendría que haber tomado medidas legales suficientes que garantizasen la integridad del migrante y de los propios agentes que lo acompañaban. En cualquier caso, y a falta de lo que concluyan las investigaciones, no parece lo más recomendable para una persona presa del pánico, alterada y con un alto ritmo de pulsaciones cardiacas, sellarle la boca para que no grite ni muerda a nadie, pues además de eso se le estará privando de su canal de respiración principal, con el subsiguiente riesgo de asfixia.
Lo grave del asunto es que no estamos ante un caso aislado. Fallecimientos y agresiones a personas en circunstancias extrañas estando bajo custodia policial, no son ya nuevos ni exclusivos de los migrantes. El Caso Roquetas, las filmaciones recientes hechas a los Mossos en Cataluña, la cara destrozada de un joven en Santa Cruz hace unas semanas, por poner algunos ejemplos, hacen obligado replantearnos si no estaremos derivando peligrosamente, bajo el dominio del miedo, de un Estado democrático a un Estado policial.
Pero volvamos otra vez al caso que nos ocupa. ¿Nadie se ha preguntado por qué el joven nigeriano se resistía tanto a ser deportado? Por una razón muy sencilla: Nigeria no es España. Hablamos de un país donde en absoluto se respetan los Derechos Humanos, donde la gente muere en las cárceles, por abandono, por asesinato o por enfermedad, donde por menos de nada te condenan a muerte o a cadena perpetua, o te lapidan o te cortan la mano.
Es cierto, según parece, que este joven estaba acusado de asesinato en su país; pero no podemos verlo desde la perspectiva con la que vemos aquí a alguien que mata, gran error que cometemos siempre los occidentales bienpensantes: verlo todo desde nuestra óptica democrática. ¿Le han preguntado alguna vez ustedes a un nigeriano cómo es Nigeria? Es lo peor de lo peor de lo más oscuro de África; sus ciudades son urbes superpobladas y salvajes, donde impera el 'sálvese quien pueda', donde matas para que no te maten, por un poco de comida, por seguir viviendo.
En Nigeria no hay justicia tal cómo la entendemos aquí, no sabemos tan siquiera quién acusó a este joven de asesinato, no sabemos cómo fue o si fue cierto o no. Pongámonos entonces un instante en su piel, en su pánico, en el miedo que tenía a ser deportado: quizá porque sabía que le esperaba una muerte segura, pero, ¿lo sabían también los jueces y funcionarios españoles que tomaron las decisiones sobre este chico nigeriano?.
¿Por qué España, país claramente contrario a la pena de muerte, envía a la muerte a un extranjero residente en España? No tenemos constancia de que Nigeria y España tengan firmados convenios ni tratados de extradición de presos; no debía haber pues petición expresa del Gobierno de Nigeria reclamando a esta persona; no tenía por tanto España la obligación inexcusable de deportar a esta persona.
Entonces, ¿por qué esa urgencia de devolverlo a su país?, ¿por qué nadie se percató de que era un ser humano que estaba sufriendo?, ¿por qué no lo vio un psiquiatra, en la cárcel o en el CIE, e hizo un informe recomendando su no deportación debido al grave estrés postraumático que sufría?. Quizá porque en España no interesa saber muchas cosas, pero España, querámoslo o no, tenía una responsabilidad con este chico: podría haber cumplido la pena aquí y habría sido más justo, y de seguro hoy estaría vivo. Debía España haber pensado en ello pero no lo hizo, mandando a un ser humano a una muerte segura que le llegó de todas formas.
Sobre lo que le sucedió en verdad a este joven, el juez lo dirá, mas sobre lo que les he contado aquí, podemos ya reflexionar todos: si defendemos unos valores universales de justicia y respeto a los Derechos Humanos, hemos de quererlos para todos, no sólo para los españoles.
Eloy Cuadra Pedrini. Activista de los Derechos Humanos, escritor y miembro de 'Conafrica.org'.