Actualizado 27/06/2007 21:25 CET

Pepa Horno Goicoechea.- La erradicación de la violencia contra la infancia como medida de un Estado de bienestar

La protección de los niños y niñas de todas las formas de violencia, tal y como recoge la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, no es sólo una obligación legal de los Estados y gobiernos autonómicos, sino de todos los ciudadanos, y es también la prueba de nuestra valía como sociedad. La violencia contra la infancia constituye uno de los mayores fracasos de un llamado Estado de bienestar.

La violencia contra la infancia es una realidad universal, que se da en todas las culturas, sociedades y niveles económicos, porque tiene que ver con cómo manejamos el poder dentro de nuestras relaciones personales, y este componente, aunque varíe en sus manifestaciones en las diferentes culturas, tiene una incidencia universal. La violencia se aprende y se trasmite legitimando modelos violentos de conducta y educación, haciendo a los niños vivir en entornos violentos, o agrediéndolos directamente física, psicológica o sexualmente. La violencia va mucho más allá de la violencia física, de hecho, el mayor número de casos de violencia detectados corresponden a formas de negligencia, que es la violencia que se produce cuando no atendemos las necesidades físicas, afectivas o sociales de los niños y niñas.

La violencia más común y relevante es la intrafamiliar e intracomunitaria. Debemos reforzar las estrategias para abordarla. En los últimos años se está hablando mucho de algunas formas de violencia como la violencia entre iguales en la escuela y la explotación sexual infantil, olvidando lo que todas las cifras dicen claramente: la mayoría de los casos de violencia contra los niños y niñas ocurren en su entorno cercano por personas que deberían quererles y protegerles. Es necesario visibilizar esta forma de violencia.

Es posible prevenir e intervenir de modo eficaz en esta problemática. Si no hemos podido evitar que sufra la violencia como era nuestra obligación social e institucional, al menos la sociedad y sus instituciones les debe el priorizar las medidas y recursos para atenderlos. El sufrimiento de los niños y niñas víctimas de violencia es nuestra responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que los factores principales para la rehabilitación de los niños y niñas víctimas de violencia son el apoyo de su entorno, un procedimiento judicial que no les dañe y el ofrecerles el tratamiento necesario.

Para lograr esa intervención es imprescindible una formación de los profesionales de los cinco ámbitos relacionados: educativo, sanitario, social, policial y judicial, la coordinación interdisciplinar e interinstitucional, incluyendo la coordinación e igualación de estándares entre las comunidades autónomas y la generación de un registro común de casos, la creación de los centros de evaluación, asesoramiento y tratamiento terapéutico en todas las Comunidades Autónomas, la implicación de los agentes judiciales para crear un procedimiento judicial que no victimice de nuevo a estos niños y niñas y sobre todo la priorización política de esta problemática que se plasme en una dotación de recursos suficientes para el desarrollo de su trabajo.

Pepa Horno Goicoechea, responsable de los Programas de Violencia e Infancia del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia de Save the Children.

pepa@savethechildren.es