Publicado 16/04/2022 13:07

Andalucía cuenta con más de 153 millones para reactivar la industria en provincias afectadas por transición energética

Archivo - La Central Térmica Litoral de Almería, en una imagen de archivo
Archivo - La Central Térmica Litoral de Almería, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS/ENDESA - Archivo

SEVILLA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Andalucía dispondrá de una inyección de 153,76 millones para promover la diversificación de la actividad industrial en las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba, más afectadas por la transición ecológica, a través del Plan Territorial de Transición Justa para Andalucía. Este instrumento implicará la creación de 19.800 empleos, tendrán incidencia sobre 600 empresas y permitirán poner en marcha 16 proyectos tractores en sus comarcas.

La Junta ha explicado a través de un comunicado que la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha sido la encargada del diseño de las actuaciones que se han propuesto en esta herramienta de planificación, que servirá para articular Fondo de Transición Justa de la Unión Europea (UE). La previsión es que puedan estar listas para su aplicación en este ejercicio 2022, una vez que sean validadas por la Comisión Europea.

Las provincias de Almería, Cádiz y Córdoba han dependido de una industria "altamente" generadora de efecto invernadero al albergar las centrales térmicas de carbón de Carboneras, Los Barrios y Espiel.

El cese de actividad de estas plantas de generación de energía eléctrica ha motivado que los 16 municipios afectados hayan iniciado un proceso de búsqueda de alternativas. Esa línea de trabajo se complementa con el desarrollo de planes cuyos recursos serán gestionados por la Junta y ayudarán a compensar la desventaja de Almería, Cádiz y Córdoba ante el cambio ecológico marcado con el horizonte de 2050.

En el caso de Almería, la dotación presupuestada asciende a 51,8 millones y supondrá la creación y mantenimiento de 6.200 empleos. Tendrá impacto sobre 300 empresas y posibilitará el desarrollo de cinco grandes proyectos estratégicos.

El instrumento identifica como sectores afectados la producción cementera, la de piedra natural y el mármol, la agricultura de alta productividad, así como instalaciones industriales de transporte, logística y almacenamiento.

En Almería se cuantifican 20.000 trabajadores industriales, de los que unos 5.000 están ligados al carbón, al cemento y al mármol y piedra natural. En este sector se presentan retos de sostenibilidad ambiental, economía circular y modernización, incluyéndose inversiones en regeneración y rehabilitación de terrenos.

Esta herramienta establece que la provincia dispone de oportunidades de desarrollo económico, vinculadas a la industria agroalimentaria, en concreto en automatización de invernaderos; a la construcción industrializada, a la industria extractiva no energética y al desarrollo de actividades turísticas, de la naturaleza o culturales.

El Plan Territorial de Transición Justa en Almería considera relevante el apoyo a las grandes firmas o pymes interesadas en realizar inversiones productivas y apuesta por fomentar el papel tractor de las grandes industrias, por el desarrollo industrial y logístico, así como por la creación, atracción o localización de empresas en la provincia almeriense.

El documento incluye propuestas que ahondan en las sinergias entre empresas y entornos colaborativos. El fomento de proyectos de investigación, innovación o desarrollo tecnológico, así como la mejora de espacios productivos y empresariales son otras de las líneas de trabajo apuntadas.

En Almería se cuantifican 20.000 trabajadores industriales, de los que unos 5.000 están ligados al carbón, al cemento y al mármol y piedra natural.

PLAN TERRITORIAL DE TRANSICIÓN JUSTA EN CÁDIZ

En Cádiz, la Consejería ha estimado que la ejecución de las actuaciones recogidas en su Plan Territorial de Transición Justa alcanzará a 200 empresas, conllevará crear y mantener 9.500 empleos y llevará asociado el impulso de seis grandes iniciativas de gran calado. La dotación global destinada a este instrumente se cuantifica en 69,6 millones de euros.

El tejido industrial de Cádiz, que da empleo a 27.663, está conformado por sectores inmersos en proceso de transformación ecológica. Destacan las actividades portuarias, químicas, metalúrgicas, de biocombustibles, de gases industriales, cementera, metalmecánicas, aeronáuticas, de construcción o reparación naval. Todos estos segmentos podrían obtener recursos del Fondo de Transición Justa.

El documento plantea que la reconversión de la actividad petroquímica pasa por combinar diferentes rutas, entre las que se encuentran el hidrógeno, la captura y uso de CO2, así como el uso de materias primas bajas en carbono.

Asimismo, las empresas del Campo de Gibraltar se enfrentan a los desafíos de la transición ecológica, al tratarse de medianas o grandes compañías emisoras de gases de efecto invernadero o intensivas en el uso de recursos.

Para el sector de la construcción y reparación naval en la Bahía de Cádiz resulta "imperiosa" la mejora de su competitividad, en un contexto de alta competencia internacional. La industria aeroespacial está sufriendo en la provincia una importante transformación, en la que se apunta al uso de los combustibles alternativos no fósiles SAF en la aviación.

El Plan Territorial considera relevantes el apoyo mediante incentivos a las grandes firmas o pymes interesadas en realizar inversiones productivas. También apuesta por fomentar el papel tractor de las grandes industrias, por el desarrollo industrial y logístico, así como por la creación, atracción o localización de empresas, en colaboración con otras ubicadas en Cádiz.

PLAN TERRITORIAL EN CÓRDOBA

En la Córdoba, que registra 36.900 trabajadores, el Plan de Transición Justa contempla una dotación de 32,16 millones, que conllevará la generación y mantenimiento de 4.100 puestos de trabajo, afectará a 100 empresas y posibilitará el desarrollo de cinco grandes iniciativas relevantes.

La industria cordobesa dispone de oportunidades de desarrollo económico vinculadas a la economía circular en el campo de la recuperación y reciclado de metales y la valorización energética de residuos.

Entre las operaciones de valorización de residuos, destacan las centradas en el cobre o el aluminio, aunque se pondrá el foco en la recuperación de combustibles sólidos o los relacionados con la cadena de valor de la biomasa.

Se busca fomentar las industrias tradicionales, como el sector de la madera y el mueble. Se persigue mejorar sus canales comerciales y logísticos, modernizar sus factores productivos y promover la formación y capacitación de los trabajadores.

Esta estrategia de trabajo contempla dinamizar el sector del frío industrial y climatización, fomentando el desarrollo de su cadena de valor, la colaboración entre las empresas, la homologación y certificación de sus productos o su digitalización.

Se apoyará el desarrollo y aplicación de tecnologías TIC en la industria, en la construcción y en área del equipamiento militar, haciendo hincapié en las oportunidades ligadas a la futura base logística del Ejército de Tierra en Córdoba.

Se prestará atención a las propuestas de emprendimiento agroecológico, creación de viveros de empresas o de digitalización del sector agrario, así como a iniciativas asociadas a la sostenibilidad y economía circular de la industria del metal. A ello se suman medidas de apoyo a la formación y recualificación de los trabajadores.

La dotación económica del plan para las tres provincias procede del Fondo de Transición Justa de la UE, que cuenta con 17.500 millones de euros para brindar apoyo a las regiones que dependen de los combustibles fósiles o de industrias generadoras de efecto invernadero y, por tanto, se ven más afectadas por las directrices europeas de transición ecológica. De ese instrumento comunitario, a España se le ha asignado un volumen de 868,7 millones.

Entre las regiones susceptibles de beneficiarse de las ayudas, la Comisión Europea, en su informe del Semestre Europeo 2020 para España, ya identificaba a las tres provincias como destino preferente de intervención.