CÓRDOBA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Córdoba va a llevar a cabo una revisión de la evaluación de riesgos laborales y de los planes de emergencias de las diferentes sedes judiciales de la provincia, "tras detectar que el Gobierno anterior no los había llevado a cabo en todas ellas".
Así lo ha indicado la Junta de Andalucía en una nota en la que ha detallado que así se ha trasladado al Comité de Seguridad y Salud, compuesto por representantes de la administración andaluza y sindicatos, en el transcurso de la reunión mantenida este jueves.
Por su parte, la delegada territorial, Purificación Joyera, ha comunicado que la delegación ya está trabajando en una instrucción que recogerá "de forma sencilla y esquemática" el procedimiento para aplicar el protocolo sanitario en el caso de enfermedades contagiosas. Dicho protocolo viene establecido por la administración sanitaria y se debe ejecutar en todos los edificios públicos.
"Se trata de que el personal que presta servicio en los juzgados conozca cómo debe actuar cuando se detecta algún caso de enfermedad contagiosa" como pueda ser la tuberculosis o la meningitis. Con esta medida se persigue evitar situaciones como la ocurrida recientemente en los juzgados de Puente Genil.
Asimismo, los técnicos de la delegación han explicado en la reunión que se ha detectado que hay sedes judiciales que no cuenta con una evaluación de riesgos laborales, no tienen planes de emergencia o no se han ejecutado. Por este motivo, los técnicos ya están trabajando para solventar esta situación.
En esta revisión también se va a abordar la situación psicosocial de las plantillas de determinados juzgados, que así venían reclamándolo debido a la situación de sobrecarga de trabajo. Una medida que "poco a poco" se irá desarrollando en el resto de juzgados.
Asimismo, la delegación va a establecer un calendario de trabajo para ir evaluando los riesgos laborales en todas las sedes de la provincia y también va a redactar los planes de emergencia de aquellas sedes que carezcan de ellos y a implementarlos en las que cuentan con esta medida de prevención pero están sin ejecutar.
