Un centenar de profesionales andaluces analizan la aplicación del nuevo Reglamento del Sistema Arbitral de Consumo

GRANADA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de profesionales vinculados a las Juntas Arbitrales de Consumo de toda Andalucía han participado en el duodécimo Encuentro Técnico de Juntas Arbitrales de Consumo --con el lema 'Un año aplicando el nuevo Reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo: evaluación y buenas prácticas'--, celebrado en la sede de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) en Granada, bajo la organización de la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, con la colaboración de la EASP y el Consejo Andaluz de Consumo.

La jornada ha estado centrada en el análisis y la evaluación práctica del Real Decreto 713/2024, de 23 de julio, por el que se aprueba el nuevo Reglamento que regula el Sistema Arbitral de Consumo, justo cuando se cumple un año de su entrada en vigor. Este encuentro técnico, consolidado como el principal foro de intercambio de experiencias entre las Juntas Arbitrales de Consumo de Andalucía, tiene como objetivo "fortalecer la calidad y la eficacia de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos en materia de consumo", según ha explicado la Consejería de Salud y Consumo en una nota.

Entre las principales novedades que incorpora la normativa, las empresas que desean incorporarse al Sistema Arbitral de Consumo deben hacerlo de forma global y sin limitaciones, asumiendo todos los compromisos del sistema. Durante la inauguración, la directora general de Consumo, Milagros de Borbón, ha destacado "el papel esencial de las Juntas Arbitrales en la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, garantizando procedimientos ágiles, justos y transparentes que refuerzan la confianza de la ciudadanía en la Administración".

La directora general ha señalado que el sistema arbitral "permite a las personas consumidoras y usuarias resolver sus controversias con empresas o profesionales de manera rápida, gratuita y sin necesidad de acudir a los tribunales", con procedimientos que garantizan la imparcialidad y la objetividad en la resolución del conflicto a través del laudo, que tiene los mismos efectos que una sentencia judicial. Tras el año de aplicación del nuevo reglamento regulador del Sistema Arbitral de Consumo, Milagros de Borbón ha afirmado que para la Dirección General de Consumo el "balance es desigual".

Por un lado, ha afirmado la directora general que se han observado aspectos positivos, como que "se han introducido mejoras para agilizar el procedimiento y la seguridad jurídica, incentivando los arbitrajes unipersonales, la función de la presidencia-secretaría en la Junta Arbitral de Consumo, y la eliminación en las ofertas públicas de adhesión de las empresas al sistema arbitral".

No obstante, De Borbón ha advertido de que el nuevo reglamento "no atiende la singularidad de la comunidad autónoma de Andalucía, donde existen 18 Juntas Arbitrales de Consumo: una autonómica, ocho provinciales y nueve municipales, una en cada capital de provincia y otra en El Ejido".

Asimismo, la directora general ha apuntado que se producen "confusiones a la hora de aplicar las competencias territoriales, al vaciar de contenido a la Junta Arbitral de Consumo autonómica, y provocando por ello la sobrecarga de las provinciales, lo que limita la capacidad de elección de la persona consumidora a la hora de acudir al arbitraje de consumo".

De Borbón ha subrayado "la importancia de mantener una coordinación estrecha entre administraciones, organizaciones empresariales y asociaciones de consumidores, para que el Sistema Arbitral siga siendo una herramienta eficaz, moderna y cercana a las personas".

Por su parte, la directora gerente de la EASP, Blanca Botello, ha puesto de relieve "la trayectoria de colaboración entre la Dirección General de Consumo y la Escuela, que desde hace años viene ofreciendo un espacio de encuentro, aprendizaje y reflexión para los equipos que sostienen el trabajo de las Juntas Arbitrales".

Botello ha agradecido "la confianza depositada en la EASP desde los inicios de este proyecto" y ha reconocido "la dedicación y profesionalidad de quienes, desde los ayuntamientos, las diputaciones y las propias Juntas Arbitrales, contribuyen a mejorar la atención a la ciudadanía y la resolución pacífica de los conflictos de consumo".

Tanto Milagros de Borbón como Botello han resaltado la "idoneidad" de estos encuentros técnicos para favorecer el debate, el aprendizaje conjunto e intercambio de experiencias, en aras de mejorar la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias y la implicación del tejido empresarial.

El encuentro cuenta con la participación de representantes de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción (Facua Andalucía), además de profesionales del ámbito académico y técnico.

A lo largo de la jornada se han celebrado ponencias y mesas redondas sobre la aplicación práctica del nuevo Reglamento, así como un espacio para la presentación de comunicaciones, donde se recogen las buenas prácticas, propuestas de mejora y experiencias locales.

La ponencia inaugural ha corrido a cargo de la catedrática EU de Derecho Procesal en la Universidad de Sevilla, María Isabel Romero, que ha ofrecido un 'Análisis crítico y práctico del Real Decreto 713/2024 tras un año de vigencia'.

El XII Encuentro Técnico de Juntas Arbitrales de Consumo de Andalucía reafirma el compromiso de las instituciones andaluzas con la protección de las personas consumidoras, la transparencia y la calidad del servicio público.

18 JUNTAS ARBITRALES DE CONSUMO

Según ha indicado Salud, en Andalucía existen 18 Juntas Arbitrales de Consumo, ocho provinciales adscritas a cada Diputación, nueve municipales en cada capital de provincia y en El Ejido (Almería), y una autonómica dependiente de la Junta de Andalucía.

Todas ellas acreditadas como entidades de resolución alternativa de litigios ante la Unión Europea, lo que las reconoce como entidades que ofrecen procedimientos de alta calidad de resolución alternativa o extrajudicial de litigios de consumo que son "independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos".

Esta red de arbitraje de consumo en Andalucía redunda, según la Junta, "positivamente en la actividad económica, dando seguridad y confianza a empresas, profesionales y personas consumidoras y usuarias". La Junta Arbitral de Consumo autonómica, la primera en constituirse, en 1993, recibió el pasado año 2024 un total de 1.548 solicitudes de arbitraje, la gran mayoría referida a conflictos en materia de suministros energéticos --electricidad y gas-- y telecomunicaciones. Se tramitaron 1.897 expedientes, se celebraron 1.041 audiencias arbitrales, se dictaron 918 laudos --siendo estimatorios de las pretensiones del consumidor un 72% de ellos-- y se alcanzaron 279 acuerdos (un 15%).