JAÉN, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
Una de cada dos usuarias del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) son víctimas de violencia de género. Así ha quedado manifiesto en el encuentro mantenida por la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, la magistrada responsable del Juzgado de Violencia de Género, Isabel Moreno, y la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer.
Esta reunión se ha celebrado para hacer balance de los tres meses que han pasado desde el traslado del SAVA y de la Unidad de Valoración Integral del Instituto de Medicina Legal (IML) en las mismas dependencias en las que se encuentra el Juzgado de Violencia de Género, en la capital jiennense, con el objetivo de ofrecer una mejor atención a las víctimas, reforzando su acompañamiento a través de la asistencia jurídica y psicológica.
"Si bien el SAVA atiende a víctimas de todo tipo de delitos, resultaba necesario que se trasladase a un juzgado de competencia penal como el Juzgado de Violencia de Género, que es de donde proceden la mayor parte de las víctimas que atiende anualmente, ya que más del 50 por ciento de las víctimas usuarias del SAVA lo son de violencia de género", ha subrayado Cobo. Para la delegada, la inclusión de estos dos servicios hacen del Juzgado de Violencia de Género de Jaén "un referente nacional".
A lo largo del 2017 se han atendido en el SAVA a 709 personas, de las cuales a 367 se les ha abierto expediente como víctimas de delito (el 70 por ciento de estas personas usuarias son mujeres) y a 342 se les ha abierto hoja de atención. De los 367 expedientes, el 48 por ciento son víctimas de violencia de género. Por otra parte, se han realizado 3.562 actuaciones desde el ámbito jurídico, psicológico y social con las personas usuarias del SAVA.
La delegada ha valorado la ventaja que supone compartir instalaciones en el mismo edificio ya que "esta cercanía propicia una atención inmediata, permitiendo que todos los recursos del SAVA estén en contacto fluido con la Fiscalía y la jueza". Además, ha añadido, que "al compartir espacios con la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género del IML, se evitan desplazamientos para pruebas periciales facilitando el proceso por el que deben atravesar las víctimas, ahorrando procedimientos y contribuyendo también a que no se retire la denuncia".
Así, en el mismo juzgado -planta segunda-, se ha instalado una consulta para médico forense y psicólogo forense de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género del IML, mientras que la planta baja se ha dedicado exclusivamente para el SAVA, quedando integrado en el juzgado, pero independiente del mismo, y garantizando la intimidad y tranquilidad de la sala de espera para víctimas (de violencia de género o de cualquier otro delito).
Cobo ha recordado que ambos traslados eran una reivindicación de la fiscal delegada de Violencia de Género y de la magistrada del juzgado, que en numerosas ocasiones solicitaban la presencia de profesionales del SAVA y del IML en el mismo. "Una vez estudiada la propuesta pionera y viendo su viabilidad, ésta fue atendida por la Delegación del Gobierno", ha indicado.
Las competencias del SAVA y del IML son distintas pero complementarias. El SAVA es un servicio asistencial, de apoyo a la víctima, de acompañamiento y asistencia psicológica y jurídica, pero también es un servicio de colaboración con juzgados y fiscalías, mientras que el IML cumple funciones periciales, por tanto ambos cumplen su cometido de modo independiente, aunque con participación conjunta en el caso de las víctimas que lo soliciten y necesiten cuando sea preciso.
Igualmente, las víctimas de violencia de género ya cuentan desde la inauguración de este juzgado especializado en el año 2005 con una sala de espera sólo para ellas, por lo que las garantías y protección que se añaden con el IML y el SAVA son notables.
La delegada del Gobierno también ha hecho hincapié en que el SAVA lleva a cabo, desde el año 2013 y de forma pionera en Andalucía, la colaboración con el juzgado de violencia de género y de menores (también puntualmente con otros juzgados de instrucción) en la realización de las pruebas preconstituidas.
Así, es la psicóloga del SAVA la que lleva a cabo la toma de declaración de testigos/víctimas, especialmente los menores de edad y personas con discapacidad intelectual, con grabación de la testifical en una sala gessel, que evita que tengan que volver a declarar nuevamente en el juicio. Durante el pasado año se llevaron a cabo 30 pruebas de este tipo.
Durante la reunión mantenida, se ha resaltado las ventajas de la prueba preconstituida, que no sólo protege a la víctima sino que además, ayuda a la acción de la justicia al conseguirse una declaración más sosegada y cercana en el tiempo a los hechos dramáticos que narra y por tanto, la prueba testifical cobra mayor importancia.
En este sentido Ana Cobo ha mostrado su satisfacción ya que se ha tomado como referente tanto el formato como el protocolo acordado entre la Delegación del Gobierno y juzgado y Fiscalía, para su puesta en marcha de forma paulatina en el resto de provincias de Andalucía. "Pero se ha dado un paso más, también pionero en toda Andalucía, y es que la sala gessel se ha instalado en las propias dependencias del SAVA, por lo que las víctimas se encuentran más arropadas aún", ha enfatizado la delegada.
A este respecto, tanto la fiscal como la magistrada han manifestado que la configuración actual del juzgado con la asistencia del SAVA, la participación de los forenses y la realización de las pruebas preconstituidas en la misma sede, supone "un avance extraordinario y sin duda un ejemplo de funcionamiento a nivel nacional".
