Andalucía actualizará su normativa de medidas en defensa de consumidores de establecimientos de restauración

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha sometido a consulta pública previa un proyecto de decreto con el que pretende revisar y actualizar las medidas que en defensa de los consumidores de establecimientos de restauración quedaron recogidas en una normativa de 1987 aún en vigor.

En concreto, la Junta pretende aprobar un decreto que sustituya al 198/1987, de 26 de agosto, por el que se establecen determinadas medidas en defensa de consumidores y usuarios para los establecimientos de restauración y similares.

Así se desprende de la información vinculada a este proyecto de nuevo decreto que ha compartido la Administración autonómica en su página web, consultada por Europa Press, en el marco del referido trámite de consulta pública previa, que se prolongará hasta este próximo martes, 16 de enero.

Hasta esa fecha, "la ciudadanía, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados" en relación a este proyecto de decreto a través del buzón de correo electrónico 'consultas.previas.csc@juntadeandalucia.es', indicando para ello "su nombre y apellidos o razón social o denominación de la entidad a la que represente".

POR UNA "ADECUADA INFORMACIÓN" DE LOS CONSUMIDORES

Con este proyecto de decreto, la Consejería de Salud y Consumo persigue, por un lado, "actualizar la regulación existente en el sector de la restauración, sustituyendo la contenida en el Decreto 198/1987, de 26 de agosto", que "corre el riesgo de quedar obsoleta en muchos aspectos", así como, por otro lado, "responder a la ausencia y mejora de la regulación específica que garantice la adecuada información de las personas consumidoras".

En concreto, la Junta pretende mejorar la información que se aporta a los consumidores "en aspectos tales como el contenido de las cartas de comidas y bebidas, la presencia de alérgenos, la indicación de precios, los medios de pago, la realización de reservas, los anticipos por reserva y la cesión de las mismas, o en relación al cobro por servicios inherentes al propio servicio de restauración o la prestación de servicios complementarios como aparcacoches o guardarropa, entre otros".

Con este proyecto de decreto, además, desde la Junta se quiere "garantizar a las personas consumidoras y usuarias en Andalucía un nivel de protección igual o superior al que ofrecen las distintas normas en la materia dictadas en el resto de comunidades autónomas", así como "adecuar la normativa de andaluza en materia de restauración a la transformación digital que se está produciendo en el sector y a las nuevas necesidades que se han puesto de manifiesto en este tipo de establecimientos tras la pandemia".

Desde el Gobierno andaluz sostienen que "los más de 36 años de antigüedad" del Decreto 198/1987 "ponen de manifiesto la clara necesidad de revisión y adaptación de dicha disposición a las necesidades actuales del sector", y al respecto ponen de relieve que en estas décadas desde la aprobación de aquella normativa "han tenido lugar hitos como el nuevo régimen del derecho de admisión a los establecimientos que supuso el Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas".

IMPACTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA RESTAURACIÓN

Además, desde la Consejería de Salud y Consumo han llegado a la conclusión, "tras el estudio comparado de las normas que regulan los servicios de restauración en el resto de comunidades autónomas", de que es necesaria la "modificación de la práctica totalidad de los artículos del Decreto 198/1987, de 26 de agosto, en unas ocasiones para poder alcanzar el mismo o mayor nivel de protección que otorgan otras comunidades autónomas y, en otras ocasiones, por la necesidad de no ser ajenos a las nuevas cuestiones que plantea el sector de la restauración y al impacto de la innovación y de la tecnología en el mismo, que ha generado nuevos comportamientos y necesidades por parte de las personas consumidoras".

Al respecto, desde la Junta se advierte de que "la innovación tecnológica en la restauración se manifiesta, al menos, en una doble perspectiva: por un lado, en la digitalización del sector; y, por otro, en los nuevos medios de pago".

"Internet y el uso cada vez más frecuente de teléfonos móviles, constituyen exponentes de la transformación digital que se viene produciendo" en el sector de la restauración, según continúa argumentando el Gobierno andaluz, que en ese sentido apunta que "las reservas por Internet, su planificación a través de páginas web o blogs, que aportan información electrónica acerca de los establecimientos de restauración, la consulta 'on line' de las cartas y listas de precios y, una vez en el establecimiento, el uso de los dispositivos móviles para visualizar las cartas, a través de un código QR, es decir, la denominada carta digital, son ejemplos de ello".

Asimismo, "el pago a través de dispositivos móviles, como teléfonos o relojes, y el uso de aplicaciones o 'software' de pago son cada vez más frecuentes", según abunda la Junta para justificar este proyecto de decreto de la Consejería de Salud y Consumo que "también debería dar respuesta a cuestiones frecuentes del sector en la actualidad, como son las relativas a las aguas filtradas, la permanencia en el establecimiento, o al cobro por servir agua corriente o por otras prestaciones que son inherentes al servicio de restauración que se presta".

Desde estas premisas, los "objetivos" de este nuevo decreto son la "adecuación" de la normativa en vigor "a la situación actual del sector", y "garantizar a las personas consumidoras una información más detallada y de mayor rigor sobre los servicios que los establecimientos de restauración ofrecen, especialmente, en las cartas de comidas y bebidas, en la indicación de los precios de los productos ofertados, en los medios de pago admitidos, en las condiciones de accesibilidad y permanencia en el establecimiento, así como una adecuada información sobre el régimen de las reservas, todo ello teniendo en cuenta la nueva realidad de digitalización de este sector".