SEVILLA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de este miércoles, 27 de diciembre, al consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, a suscribir un convenio con las universidades públicas andaluzas en nombre de todas las consejerías y entes instrumentales de la Junta de Andalucía para que sean las instituciones académicas las que asuman todos los trámites con la Seguridad Social, mientras que la Junta "compensará a las universidades por el coste de las cotizaciones".
De esta forma, tras la aprobación por parte del Gobierno central de la disposición adicional 52 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con vigencia a partir del 1 de enero de 2024 y que obliga a las empresas a cotizar por todos los alumnos, con ese convenio la Junta de Andalucía "va a garantizar la protección social de los estudiantes que participen en prácticas formativas o académicas no remuneradas en las distintas consejerías y entes instrumentales de la Administración autonómica", según ha explicado la Junta en la referencia del Consejo de Gobierno.
Dicho convenio, ya redactado, acordado y preparado para someterlo a la firma de los rectores, establecerá "criterios claros y precisos para la inclusión en el Sistema de la Seguridad Social de estudiantes universitarios que participen en programas de formación a través de prácticas formativas o académicas externas no remuneradas".
En concreto, el acuerdo beneficiará a los alumnos universitarios que realicen prácticas para la obtención de titulaciones oficiales de grado y máster o doctorado, así como las dirigidas a lograr un título propio de la universidad, ya sea un máster de formación permanente, un diploma de especialización o un diploma de experto.
Además, también quedarán acogidos los alumnos que realicen prácticas de formación profesional, "siempre que éstas no se presten en el régimen de formación profesional intensiva", según ha puntualizado el Gobierno andaluz.
De esta forma, la Junta de Andalucía defiende que "muestra su firme compromiso para proteger los derechos sociales de los estudiantes que se encuentran en etapas formativas cruciales para su desarrollo académico y profesional".
Además, el Gobierno andaluz pretende también "contribuir con esta medida al desarrollo educativo y al fortalecimiento del capital humano en la comunidad y fomentar la innovación, la colaboración entre instituciones y la vinculación entre el mundo académico y el laboral".
En cuanto al alcance y la aplicabilidad del convenio, el acuerdo abarcará a todos los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales y a las universidades públicas
andaluzas involucradas en programas de formación con prácticas no remuneradas.
En el caso de las prácticas realizadas en consejerías y entidades adscritas, las obligaciones de la Seguridad Social serán asumidas por el centro de formación universitario responsable de la oferta formativa, lo que permitirá a los estudiantes "estar protegidos y cubiertos socialmente durante la realización de sus prácticas".
El convenio contemplará un acuerdo específico para compensar a las universidades públicas por las cotizaciones a la Seguridad Social de los alumnos en prácticas, que incluirá imputación presupuestaria y un régimen de pago definido en un convenio interadministrativo.
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Además, para coordinar y supervisar el cumplimiento del convenio, que tendrá una duración de cuatro años, se constituirá una comisión de seguimiento compuesta por representantes de cada una de las consejerías de la Junta de Andalucía y de las universidades públicas.
Esta comisión se encargará también de "interpretar y resolver cualquier incidencia que surja durante la ejecución del mismo".
Esta medida que podrán en marcha el Gobierno andaluz y las universidades públicas permitirá a los estudiantes que realicen prácticas no remuneradas estar cubiertos por el Régimen de la Seguridad Social, lo que, según subraya la Junta, les permitirá estar protegidos en caso de accidentes o enfermedad durante la realización de las prácticas y otorgará "tranquilidad a la hora de adquirir una experiencia laboral relevante para su formación".
Este acuerdo también permitirá a las universidades "fomentar una mayor participación en programas de prácticas y permitir que más estudiantes puedan acceder a oportunidades de mejorar su formación mediante una experiencia laboral".
