Andalucía lanzará antes del 30 de marzo una convocatoria de 80 millones para modernizar los polígonos industriales

UTRERA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha anunciado este martes en Utrera (Sevilla) la convocatoria antes del 30 de marzo de un paquete de ayudas de 80 millones de euros para modernizar los polígonos industriales. Las ayudas serán en régimen de concurrencia competitiva y podrán optar a ellas tanto las entidades de gestión de los polígonos como los ayuntamientos.

En un acto en el polígono industrial Innovatorno, en el municipio sevillano de Utrera, Paradela ha enmarcado esta convocatoria en la Ley de Espacios Productivos, en vigor ya tras su aprobación por el Parlamento de Andalucía. Una ley que ha definido como "muy pragmática" y en la que se busca analizar con datos la situación actual de los polígonos ya que "lo que no se mide no se mejora", ha defendido el consejero.

La ley define un modelo común de intervención pública sobre los espacios productivos con el objetivo de reforzar el desarrollo industrial, mejorar la competitividad del tejido económico y favorecer la creación de empleo en Andalucía. El texto regula los distintos instrumentos de planificación y coordinación en materia de espacios productivos, así como los mecanismos de cooperación entre la Administración autonómica, las entidades locales y los agentes económicos implicados, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Entre los ejes centrales de la norma figura la ordenación y clasificación de los espacios productivos, con el propósito de disponer de una información homogénea sobre su situación, características y nivel de servicios, y facilitar tanto la planificación pública como la implantación de nuevas actividades empresariales.

La ley contempla la elaboración de un Catálogo de Espacios Productivos de Andalucía, cuya aprobación deberá producirse en el plazo máximo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de la norma, como instrumento básico de conocimiento y planificación. Asimismo, el texto prevé la elaboración de un inventario técnico de calidad y capacidad eléctrica de los espacios productivos, con el fin de disponer de información actualizada sobre las infraestructuras energéticas disponibles para el desarrollo de la actividad industrial.

En materia de gobernanza, la norma regula la Comisión de la Industria y los Espacios Productivos de Andalucía como órgano de carácter consultivo y de seguimiento, y crea el Gabinete Técnico de Espacios Productivos de Andalucía, adscrito a la consejería competente en materia de industria. Este gabinete técnico tendrá entre sus funciones el apoyo y la cooperación con las entidades locales en el diseño e implementación de políticas relacionadas con los espacios productivos, así como el acompañamiento a los procesos de mejora y modernización previstos en la ley.

La ley dedica un bloque específico a las entidades de gestión y modernización de los espacios productivos, regulando su naturaleza, procedimiento de constitución, funciones y estatutos, como fórmulas de colaboración público-privada para la mejora de los polígonos industriales y otras áreas productivas. En el ámbito del fomento de la actividad industrial, el texto incorpora medidas orientadas a facilitar el acceso a bienes inmuebles destinados a uso productivo y a impulsar la modernización y regeneración de los espacios existentes.

La norma incluye también previsiones dirigidas a favorecer el desarrollo industrial en zonas con dificultades demográficas, mediante la elaboración de un programa de implantación industrial en áreas en riesgo de despoblación, que deberá aprobarse en el plazo de un año desde la entrada en vigor. En el régimen transitorio, la ley fija plazos para la adaptación de los espacios productivos y de las entidades de gestión ya existentes al nuevo marco regulador, con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad económica.

En concreto, los municipios integrados en la Red de Ciudades Industriales de Andalucía dispondrán de doce meses para adaptar su situación a lo previsto en la ley, mientras que determinadas entidades de gestión tendrán un plazo de dieciocho meses para ajustarse al nuevo régimen jurídico. La disposición final de la norma establece que la ley entrará en vigor a los noventa días naturales de su publicación, y habilita el desarrollo reglamentario necesario para su aplicación. Con esta ley, Andalucía se ha dotado de un marco normativo específico para la ordenación y modernización de los espacios productivos, con la finalidad de reforzar el papel de la industria como motor de desarrollo económico y territorial en la comunidad autónoma.