SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha reclamado por carta al Gobierno de España una convocatoria "urgente" del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para "someter a examen la actual configuración" del programa de tarjetas monedero (Programa FSE+ de Asistencia Material Básica de España, que es el nombre técnico que recibe) y fijar "criterios homogéneos" en lo referente a los requisitos de acceso al programa transitorio en todo el Estado.
Con el modelo adoptado, de carácter transitorio hasta que las comunidades autónomas asuman la gestión íntegra del programa el próximo 1 de enero de 2025, Andalucía asegura que se quedan 665 municipios "excluidos en la práctica del programa, un 85% de las entidades locales de la comunidad", recoge la misiva remitida. Con estas tarjetas, se podrá atender al año, según los números de la Junta, a entre 15.000 y 20.000 familias con menores a cargo, una cantidad que "en el mejor de los casos, apenas sumaría 50.000 personas, lo que significa que el 85% de las personas actualmente atendidas quedarían sin sobertura, destacando los colectivos de mayores, personas sin hogar y la mayoría de los migrantes".
En una carta firmada por la consejera tras la reunión mantenida el pasado viernes 26 de abril en Córdoba capital con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, consultada por Europa Press, la consejera Loles López muestra su "preocupación por los negativos efectos de un modelo que va a condicionar por completo la capacidad de atención a las necesidades de la población vulnerable durante el próximo lustro".
En la carta, la consejera recuerda que Andalucía ha reclamado "la modificación del programa de tarjetas monedero" de manera que se habilitara una vía dual de concesión de ayudas para que, "junto a la modalidad indirecta" de las tarjetas monedero, "puedan proporcionarse alimentos y asistencia material básica directamente a las personas más desfavorecidas a través de las entidades de distribución".
Igualmente, se planteó el cambio de la definición de los principales grupos destinatarios para que "no se concentre exclusivamente en familias con menores a cargo, posibilitando que las comunidades autónomas puedan adaptar el perfil de las familias destinatarias en función de sus propios singularidades". Por último, el Gobierno de Juanma Moreno reclamó la "misma flexibilidad que se están otorgando los ministerios para la primera etapa de implementación".
Ante estas peticiones, el pasado 8 de abril de 2024, el Gobierno aprobó una modificación del programa que "no contempla ninguna de nuestras peticiones y se limita a incorporar los cambios necesarios para dar cobertura a la puesta en marcha durante 2024 del programa transitorio mediante la concesión de una subvención directa a Cruz Roja Española por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030".
En este punto, la Junta ha reprochado que el Ministerio "se ha negado reiteradamente a establecer criterios homogéneos para la determinación de los requisitos de acceso a su programa transitorio en todo el Estado, tales como la definición del concepto de unidad familiar o la determinación del periodo temporal sobre el que se ha de llevar a cabo la comprobación del umbral de renta". Por último, ha alertado de la "precariedad de los medios previstos para las derivaciones mediante rudimentarias fichas en formato de hoja de cálculo". "No existe, por tanto --ha abundado--, intención por parte del Ministerio de habilitar un sistema de información que ofrezca las mínimas garantías básicas para el cumplimiento de obligaciones de materia de protección de datos".
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