SEVILLA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Delegada de Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía dará 'luz verde' "en las próximas semanas" a un paquete de medidas urgentes para su aplicación "sin demora" en el marco del Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía, que persigue "reducir las cargas administrativas y las trabas innecesarias y desproporcionadas para favorecer el crecimiento económico, el emprendimiento, la productividad, la inversión y el empleo".
Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, en comisión parlamentaria, donde ha recordado que al menos 872 procedimientos administrativos están siendo sometidos a revisión de un total de 1.838 identificados, entre estatales y autonómicos.
Durante su intervención, Velasco ha explicado que su departamento ha avanzado en la elaboración del plan "con la creación de tres equipos de trabajo que, de forma paralela y coordinada, han venido analizando la normativa en cuestión y evaluando cómo abordar su simplificación".
Según ha subrayado, "sus aportaciones se están desarrollando a buen ritmo, de forma que en este mismo mes de septiembre se podrá conocer los primeros resultados, hasta cumplir con el cronograma previsto, establecido en el mes de mayo de 2020".
El primer grupo tiene carácter sectorial, ya que cuenta con la participación de agentes sociales y económicos de Andalucía. En estos grupos están representadas la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), los sindicatos UGT y CCOO, Facua, la Asociación de Trabajadores Autónomos, Faecta, Asaja y COAG, entre otras organizaciones.
"A partir de este mes de septiembre se mantendrán reuniones con los representantes designado por dichas organizaciones para conocer sus propuestas", según ha aclarado el consejero.
El segundo grupo, de carácter transversal, está integrado por funcionarios de las diferentes consejerías de la Junta y está evaluando "los procedimientos específicos que atañen directamente a sus competencias".
En este marco se están analizando los 872 procedimientos que afectan directamente a las empresas en Andalucía, un trabajo que estará concluido en el mes de noviembre. "Estos trámites constituye una maraña administrativa que deben afrontar las pymes de nuestra región a la hora de desarrollar su actividad económica y que supone un serio obstáculo para la misma", según ha incidido Velasco.
En tercer lugar, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha designado a un conjunto de 17 expertos, entre altos directivos de administraciones públicas, especialistas procedentes de universidades andaluzas, funcionarios cualificados y representantes de los agentes económicos y sociales.
Este grupo actuará en cuatro subcomisiones, que abordarán aspectos como la reducción de las barreras legales en sectores económicos específicos; la mejora de la regulación económica en el medio rural y local; la elaboración de una ley para promover y atraer inversiones; la innovación social y la economía digital.
PLAN PARA LA MEJORA DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA
Según destacan desde la Junta, el Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía convertirá a Andalucía en la primera a nivel nacional en contar con una planificación de esta naturaleza, que tiene como objetivo "favorecer reformas estructurales y facilitar el acceso a una actividad productiva a emprendedores y empresas, simplificando trámites y reduciendo los requisitos administrativos injustificados".
Asimismo, persigue "impulsar un cambio en la cultura de la Administración, para hacerla más proactiva, con una regulación más simplificada; y fomentar y atraer inversiones productivas, proporcionando a empresas e inversores seguridad jurídica, agilidad y una regulación económica más eficiente y menos intrusiva".
Con todo ello, Rogelio Velasco ha querido aclarar que "la evaluación de procedimientos y normas que se está llevando a cabo no significa, ni mucho menos, que se vayan a desregular o eliminar, sin más, el cumplimiento de determinados requisitos que sean necesarios y proporcionados".
Finalmente, el consejero ha añadido que "se van a garantizar las razones imperiosas de interés general definidas e interpretadas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, como son entre otros, el orden público, la seguridad y la salud pública, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, la protección del medio ambiente y del entorno urbano".
