SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha reunido este lunes con entidades sociales que han participado en la redacción del decreto ley de la Renta Mínima de Inserción Social que se aprueba este martes el Consejo de Gobierno, de cara a la entrada en vigor el 1 de enero de esta medida que beneficiará a alrededor de 45.000 familias y 120.000 personas.
A la cita han acudido representantes de los sindicatos CCOO y UGT, de las asociaciones Facua y la Unión de Consumidores de Andalucía, y entidades como la Confederación Empresarial de Economía Social (Cepes) o la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, según informa la Junta en una nota.
El Consejo de Gobierno aprobará este martes el Decreto Ley que recoge la Renta Mínima de Inserción Social para su entrada en 2018. La Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el próximo ejercicio reserva un total de 198 millones de euros para este fin.
El decreto definirá los criterios de reparto de esta renta que oscilará entre 419,52 y 779,87 euros, y no tendrá en cuenta otros ingresos como las pensiones de alimentos o de orfandad para su cálculo, de manera que sea "un refuerzo y apoyo de protección a la infancia". La renta mínima de inserción nace como parte de una política más amplia de integración social y laboral.
Andalucía es la comunidad autónoma que redistribuye "más y mejor" los recursos públicos entre la ciudadanía, según el Instituto de Estudios Fiscales dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y ha reducido la pobreza en un 17,7 por ciento.
CCOO: "UN IMPORTANTE AVANCE"
También en un comunicado, el sindicato CCOO, a través de su secretaria general, Nuria López, ha señalado que "estamos ante un día importante en Andalucía, sobre todo para aquellas personas que están sufriendo las dramáticas consecuencias de una crisis brutal y de unas políticas de austeridad, de recortes y de las reformas laborales injustas que ha provocado en nuestro país una gran desigualdad y un enorme aumento de la pobreza".
A su juicio, con este Decreto, se da respuesta a una iniciativa del movimiento sindical que se inició por parte de CCOO a finales de 2012 "ante una situación de paro en Andalucía que, a día de hoy, sigue en el 25,4 por ciento, con un millón de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo, 387.000 en situación de desempleo de muy larga duración, sin prestaciones ni coberturas, mayoritariamente mujeres y juventud, y con más de 346.200 hogares con todos sus miembros en paro, de los cuales, unos 150.000 no tienen ningún tipo de ingresos".
La dirigente sindical ha recordado que "nuestras reivindicaciones se concretaron, junto a otras organizaciones, en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que contó con el respaldo de más de 40.000 firmas recogidas en los centros de trabajo y en las distintas localidades de la Comunidad; ILP que, sin embargo, en 2015 fue rechazada por el Consejo de Gobierno sin permitir su debate en el Parlamento".
Precisamente por ello, López ha aclarado que su sindicato se alegra "enormemente de que haya habido un cambio de rumbo en la política del Gobierno andaluz en esta materia y hoy estemos ante un importante avance para ayudar a las familias que más lo necesitan".
CCOO apunta que "aunque no recoge la totalidad de nuestras reivindicaciones, nos reconocemos en el resultado de la negociación entre el Gobierno andaluz y las organizaciones de la ILP y saludamos una norma que consigue poner los cimientos para desarrollar uno de los derechos más importantes del Estatuto de Autonomía, el de garantizar unas condiciones de vida digna y recibir una renta básica de los poderes públicos en caso de necesidad". No obstante, la central ha apostillado que seguirá demandando que su crédito presupuestario sea ampliado "para llegar a más personas y familias".
En cualquier caso, la sindicalista ha añadido que "para CCOO el reto es conseguir que nadie tenga que utilizar el derecho que hoy avanzamos, y por eso reclamamos más y mejor empleo y un incremento de los salarios, especialmente de los más bajos, siendo una exigencia imprescindible y urgente una subida importante del SMI y que el empleo y la protección social de las personas constituyan el centro de la acción política de todos los gobiernos, tanto en España como en Andalucía".
