Agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones de la Hacienda Ibarburu en Dos Hermanas (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA.
DOS HERMANAS (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)
Agentes de la Unidad Regional Operativa Medioambiental (UROM), de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a Andalucía y de la Brigada Local de Información de la Comisaría Local de Policía Nacional de Dos Hermanas (Sevilla), han llevado a cabo una operación conjunta que ha culminado con la detención de un individuo y la imputación de otro como investigado por un presunto delito contra el medio ambiente.
Según ha informado la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, en una nota, la investigación, en el marco de la 'Operación Barroco', se inició hace un año tras detectarse vertidos contaminantes compuestos por grandes cantidades de uralita, material que contiene amianto con "alto potencial cancerígeno", en las inmediaciones de la Hacienda Ibarburu, situada en la carretera N-IV a su paso por Dos Hermanas.
Los agentes comprobaron que los residuos contaminantes eran depositados "sin ningún tipo de medida de seguridad medioambiental", contraviniendo la normativa autonómica y afectando "directamente a un enclave protegido", ya que la finca está catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía desde 2002.
Fruto de las investigaciones llevadas a cabo se logró identificar al autor material de los vertidos, a quien se le imputó un delito contra el medio ambiente. Posteriormente, como consecuencia de la continuación de las indagaciones, se logró identificar y detener a un segundo sujeto, a quien, además del delito anterior, se le imputaron también delitos de estafa y contra los derechos de los trabajadores.
El 'modus operandi' de los autores consistía en ofrecer sus servicios como empresa especializada en la retirada y tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos, asegurando contar con los permisos y certificaciones necesarios que la Junta requiere para tal actividad.
De esta manera, una vez que eran contratados para la retirada de la uralita, "procedían a su recogimiento manipulando dicho material sin adoptar medidas preventivas y lo transportaban en vehículos alquilados que carecían de las características adecuadas para tal fin", han explicado los agentes.
Finalmente, volvían a verter los residuos contaminantes en lugares de "difícil acceso", obviando cualquier tipo de tratamiento para su descontaminación o eliminación y "generando un grave riesgo para la salud pública". La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer otros posibles vertidos ilegales en diferentes puntos de Andalucía y Extremadura, así como determinar la implicación de terceras personas en los hechos.