La consejera de Igualdad y la directora de la Assda analizan la entrada en vigor del plan de choque
SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
Desde este lunes se encuentran en vigor las nuevas medidas de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para acelerar la elaboración del Plan Individual de Atención (PIA) de cada persona solicitante del servicio de Dependencia. En total, según el informe presentado por la consejera Rocío Ruiz al Consejo de Gobierno, 75.097 personas que aún no pueden disfrutar de algún recurso del catálogo de la Ley de Dependencia (prestación económica, atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, etcétera).
En este sentido, según se indica en una nota de prensa, Rocío Ruiz se ha reunido con la directora gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (Assda), Gloria Espinosa de los Monteros, para analizar la entrada en vigor del plan de choque que la consejería ha puesto en marcha con el objetivo de reducir la lista de espera de más de 109.000 personas que están actualmente pendientes de ser atendidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
"El plan de choque es una realidad y, con ello, estamos demostrando que estamos trabajando para dar soluciones a la sociedad andaluza", ha señalado la consejera.
En este encuentro, Rocío Ruiz y Gloria Espinosa de los Monteros han podido realizar un primer análisis de la labor que la Consejería de Igualdad está llevando a cabo para dar solución, además, a ese número indeterminado de solicitudes que, al tramitarse todo en papel y no existir una aplicación informática, no aparecen reflejadas en ningún sistema de información. Todo ello, con el objetivo de subsanar el incumplimiento del anterior Gobierno al superar ampliamente el plazo de seis meses que establece la Ley para valorar e incorporar a la persona solicitante al sistema de atención a la Dependencia.
El plan de choque que ha puesto en marcha la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, con una inversión de 77 millones de euros, tiene como objetivo simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios aunando en un único procedimiento los trámites para el reconocimiento de la situación y para la concesión de las ayudas, que actualmente se gestionaban por separado y por fases.
Entre la batería de medidas que se han comenzado a implementar están la potenciación de la digitalización para avanzar hacia el procedimiento electrónico; facilitar la interoperabilidad con otros sistemas que tengan relación con la dependencia; revisar los criterios de gestión y los protocolos de actuación; y mejorar la coordinación entre el sistema social y sanitario.
