La Junta abre consulta pública previa al decreto para el reglamento de desarrollo de la Ley de Transparencia

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha abierto desde este sábado, 12 de diciembre, y hasta el próximo 11 de enero, el trámite de consulta pública previa a la elaboración del proyecto de decreto por el que se apruebe el reglamento de desarrollo de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

El periodo de consulta pública previa permanecerá abierto durante el plazo de un mes contado a partir de este sábado, 12 de diciembre, según se recoge en la resolución de la Viceconsejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local por la que se dispone la apertura de dicho trámite de consulta pública previa a la elaboración del citado decreto, consultada por Europa Press.

Se sigue así lo dispuesto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que, con carácter previo a la elaboración de un proyecto de reglamento, "se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma".

En concreto, se busca recabar la opinión acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias, según detalla la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

CUESTIONES A SOLUCIONAR

Al respecto, la Consejería que dirige el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha detallado que la aprobación del reglamento de desarrollo de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, pretende "desarrollar determinados aspectos que la ley remite expresamente a un ulterior desarrollo reglamentario y que facilitarán la íntegra aplicación de sus preceptos".

También pretende abordar "la regulación de los eventuales vacíos normativos", según informa la Consejería de Regeneración, que sostiene que "la precisión de conceptos y de procedimientos aspira a incrementar la seguridad jurídica, así como a asegurar una aplicación uniforme de la ley por parte de todos los sujetos obligados, con el objetivo de garantizar los mayores niveles de transparencia posible en la actuación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y del resto de sujetos obligados".

Según la consejería del vicepresidente, el Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la organización administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, "debe ser adecuado a la actual distribución competencial en la Junta de Andalucía, mediante la incorporación en el Reglamento de una regulación que sea compatible con cualquier reestructuración que pueda producirse en el futuro".

De igual modo, la Consejería de Regeneración argumenta que la tramitación de un proyecto de reglamento que desarrolle la Ley 1/2014 "viene determinada por la necesidad de concretar aquellas cuestiones que, aunque necesarias para su correcta aplicación, no están desarrolladas o precisadas completamente en la citada ley, debido a su carácter de norma general".

Además, detalla que el pacto de gobierno alcanzado por PP-A y Ciudadanos (Cs) al inicio de la actual legislatura, de 'Medidas de Desarrollo y Prosperidad para un nuevo Gobierno en Andalucía', prevé en su medida 11 "la elaboración del 'Reglamento aún pendiente de la Ley de Transparencia Pública para que forme parte del ejercicio diario de los poderes públicos y para simplificar y mejorar el acceso al Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía'".

En esta línea, el acuerdo de 28 de mayo de 2020, de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, por el que se aprueban las directrices para la confección de los planes operativos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía "prevé, entre otros, la mejora del sistema organizativo de transparencia a través de la coordinación y el desarrollo jurídico y, en concreto, la aprobación y modificación de reglamentos de desarrollo de la legislación vigente como uno de los objetivos de transparencia en el ámbito de la Administración de la Junta".

OBJETIVOS

La futura norma "tendría como finalidad la regulación" de una serie de aspectos como "precisar el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación de la Ley 1/2014, de 24 de junio", en lo relativo a "personas y entidades obligadas", así como "concretar determinados aspectos relacionados con las obligaciones de publicidad activa contenidas en los artículos 10 a 16 de la Ley" citada, como "información pública que las personas y entidades obligadas por la ley deben publicar en sus portales de Transparencia".

De igual modo, se pretende "ampliar las obligaciones de publicidad activa, desarrollar algunos aspectos formales del procedimiento de acceso a la información pública contenido en el Título III" de la Ley de la Transparencia, "regular el procedimiento de suministro de información de las entidades previstas en el artículo 4" de la misma, y "concretar las obligaciones de transparencia que corresponden a las entidades privadas previstas en el artículo 5" de dicha norma.

También, "actualizar la normativa sobre la organización administrativa en materia de transparencia pública en la Junta", y "ajustar determinadas obligaciones de transparencia a la jurisprudencia y a los criterios interpretativos emanados del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y de la Agencia Española de Protección de Datos".

"A la vista de la insuficiencia del marco reglamentario actual para desarrollar una plena política pública de transparencia en la Junta de Andalucía, y de acuerdo con el principio de seguridad jurídica, se descartan alternativas no regulatorias o diferentes de la elaboración de un proyecto de decreto en el ámbito de las competencias de la comunidad autónoma de Andalucía", según ha avisado la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.