Junta envía carta al Gobierno sobre el pacto contra la violencia de género

   SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

   La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha anunciado este viernes que la comunidad ha remitido una carta a la Vicepresidencia del Gobierno de la Nación en la que desgrana la propuesta andaluza de Pacto de Estado para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

   En rueda de prensa en Sevilla para presentar una campaña contra la violencia de género, la consejera ha alabado el trabajo "concienzudo" llevado a cabo por los agentes sociales y la administración para poder poner sobre la mesa los elementos "fundamentales" del pacto.

   La iniciativa supone, según ha explicado, un hito "pionero" en España y cuenta con las aportaciones del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres para la lucha contra este problema social, reconocido por la ONU como un atentado contra los derechos humanos de las mujeres. Según Sánchez Rubio, "esta propuesta de pacto es imprescindible que se acometa a nivel nacional, para que puedan llevarse a cabo muchas de las medidas contempladas y que son de competencia estatal".

   En este sentido, Sánchez Rubio ha puesto de manifiesto la importancia de la resolución del Parlamento, aprobada por unanimidad, para recalcar la conveniencia de ese pacto. De esta manera, la propuesta andaluza cuenta con el respaldo de los distintos agentes sociales, especialmente el tejido asociativo de mujeres y el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), órgano consultivo que representa a más de 2.000 asociaciones de mujeres andaluzas y al que aportó en julio de este año más de 500 propuestas al pacto.

   Previamente, el borrador inicial fue acordado por el Consejo de Gobierno en su reunión de 17 de noviembre de 2015 y remitido al Ejecutivo central y a otras instituciones, asociaciones, sectores y agentes sociales y colegios profesionales, que se han ido sumando a lo largo de los últimos meses.

   El texto --que no puede proponer modificaciones sobre determinados ámbitos, como los vinculados al Código Penal-- plantea, entre otras medidas urgentes, la adaptación de la legislación estatal al Convenio europeo de Estambul, lo que ampliaría el concepto de violencia de género a otras formas de violencia contra las mujeres (más allá del ámbito de la pareja), como la económica, la psicológica, las agresiones sexuales, la mutilación o el matrimonio forzado; o la suspensión del régimen de visitas a los hijos para las personas denunciadas o condenadas por maltrato.

   Así, se contempla cambiar el concepto 'violencia de género' por 'violencia machista' y que se le otorgue el estatus de terrorismo, con los mismos recursos destinados a las víctimas de esta lacra. Asimismo, se incide en la modificación o supresión del articulado que dispensa a la pareja de declarar contra el cónyuge, pues el 90 por ciento de las sentencias salen absolutorias cuando no hay declaración de la mujer.

   También prevé la reposición del presupuesto estatal en prevención y asistencia social, recortado durante los últimos cuatro años un 17 por ciento; el mantenimiento de la red de atención directa en todos los niveles territoriales; la formación especializada de profesionales que trabajen con víctimas; el impulso de la coeducación en todas las etapas educativas; y la inclusión en las estadísticas oficiales de las víctimas indirectas --familiares, amistades y entorno más íntimo de las mujeres-- para conocer el alcance real de esta lacra, entre otras iniciativas.