SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado este martes manifestar su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley de información a las personas consumidoras sobre la titulización de préstamos hipotecarios y de otro tipo, presentada por el grupo parlamentario de Podemos Andalucía.
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha recordado en rueda de prensa que la Junta ya ha desarrollado diferentes regulaciones en esta materia con una mayor amplitud y alcance, que operan no solo en la contratación de la hipoteca sino también durante toda su vigencia.
Entre ellas ha destacado la Ley 3/2016, de 9 de junio, para la Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios en la Contratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre la Vivienda, que impulsa la resolución extrajudicial de conflictos con las entidades financieras a través de la mediación previa o en segunda instancia con un arbitraje de consumo.
El Consejo señala que esta regulación vigente, a diferencia de la planteada por Podemos, abarca la titulización del préstamo o crédito (conversión en valor negociable en el mercado) y también su posible cesión o transmisión por cualquier otro negocio jurídico, caso este en el que el consumidor tiene igual derecho a conocer cuál es su acreedor.
Además, prevé que la información ha de facilitarse tanto al deudor hipotecario como al garante en caso de existir, por lo que el ámbito subjetivo de protección es mayor.
Frente a la proposición de ley, que solo obligaría a las entidades bajo la supervisión del Banco de España, la norma vigente es de aplicación a las empresas prestamistas y a toda persona física o jurídica que, no siendo entidad de crédito, realice de manera profesional la concesión de préstamos hipotecarios sobre una vivienda.
El Ejecutivo andaluz también recuerda que el pasado 11 de abril remitió al Parlamento el proyecto de Ley de Tanteo y Retracto en Desahucio de Viviendas, que reforzará la lucha contra los desahucios y ampliará la protección de las familias frente a las ejecuciones hipotecarias y las daciones en pago.
