Publicado 10/03/2020 13:02CET

La Junta selecciona 12 proyectos de compra pública de innovación que suman 35 millones de euros

Imagen de la reunión de la secretaria general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta, Rosa María Ríos, con más de 120 representantes de entidades interesadas en Compra Pública Innovadora (CPI).
Imagen de la reunión de la secretaria general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta, Rosa María Ríos, con más de 120 representantes de entidades interesadas en Compra Pública Innovadora (CPI). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha seleccionado doce proyectos de alto contenido tecnológico presupuestados en 35 millones para que puedan ser desarrollados a través de la Compra Pública de Innovación (CPI), una nueva fórmula de licitación que permitirá cubrir las demandas de bienes y servicios públicos aún no disponibles en el mercado y con la que se busca impulsar la iniciativa innovadora en el sector privado.

Tras este paso, el Ejecutivo andaluz lanzará al mercado en este mes de marzo las consultas preliminares correspondientes a dichos proyectos impulsados por ocho consejerías, que se han elegidos de entre un total de 34 propuestas iniciales, según ha informado la Consejería a través de una nota.

Los proyectos elegidos proceden de las consejerías de Salud y Familias (2); Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (3); Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio (2); Hacienda (1), Educación (1), Presidencia (1), Igualdad (1) y Economía (1).

Tras la aprobación y presentación de estas 12 propuestas de proyectos, las distintas consejerías procederán al lanzamiento de sus correspondientes consultas preliminares al mercado y posteriormente a la publicación de las licitaciones y ejecución de las iniciativas, que deberán estar terminadas y justificadas a 31 de diciembre de 2022.

Así lo ha anunciado la secretaria general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta, Rosa María Ríos, en una jornada informativa a la que han asistido más de 120 representantes de entidades potencialmente interesadas en este mecanismo de colaboración público-privada, que persigue que empresas, centros y grupos de investigación puedan encontrar soluciones a necesidades detectadas por la propia Administración.

En su intervención, Ríos ha subrayado que "la finalidad última de la CPI es mejorar los servicios públicos y encontrar nuevas y mejores maneras de gestión que permitan dar respuestas más eficientes a las necesidades de la ciudadanía".

Con este mecanismo se espera cubrir en torno al 75% de las necesidades de innovación que la Junta no puede atender por medios tradicionales de contratación, como recogen los objetivos definidos en la Estrategia de Compra Pública de Innovación de la Junta de Andalucía, dotada con 50 millones de euros procedentes de Fondos Feder.

La fórmula de la CPI facilita el contacto directo con las empresas, a las que la Administración hace partícipe en la búsqueda de soluciones a las demandas que plantea mediante consultas preliminares. Permite al sector privado utilizar el mercado público andaluz como cliente de lanzamiento de sus innovaciones y a la vez involucra a los agentes del sistema andaluz del conocimiento, de los que aprovecha su potencial en I+D+I y su capacidad de innovación.

Durante la jornada, representantes de todos estos departamentos han explicado a los asistentes los pormenores de sus respectivas licitaciones de CPI.

Estas doce iniciativas han sido aprobadas por el Comité Director de CPI, que las ha seleccionado teniendo en cuenta diversos criterios como el nivel de innovación, su contribución al desarrollo económico y tecnológico de Andalucía o su alineación y sinergias con las prioridades de la Estrategia de Especialización Inteligente de Andalucía-RIS3.

Previamente a la selección, se realizó una priorización de las propuestas durante febrero por la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), dependiente de la Consejería de Economía, con el apoyo externo de expertos de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y de evaluadores coordinados por la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA). Todo para garantizar una valoración transparente, sistemática, rigurosa e independiente.

Los proyectos priorizados guardan relación con ámbitos como la inteligencia artificial (big data, 'machine learning', 'deep learning', etc.), la eficiencia energética y el consumo responsable de energía, la economía circular o el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAVs) y drones. También ahondan en otros ámbitos como la optimización de recursos hídricos y la reducción de impacto ambiental o las TIC aplicadas a la gestión pública y la agilización de servicios, entre otras.

ECONOMÍAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO

La secretaria general de Universidades ha explicado que "ésta es una de las fórmulas con más proyección para impulsar las economías basadas en el conocimiento", para añadir que "ya se están viendo buenos resultados en otras comunidades en los ámbitos de la salud y el sector aeroespacial".

Rosa María Ríos ha enumerado algunas de las conclusiones de la Comisión Europea obtenidas de la aplicación de proyectos de CPI. Entre ellas, destacan la apertura de mercado para nuevos participantes, donde las pymes ganan el 73,5% de los contratos de Compra Pública de Innovación y el 61,5% del valor del total de los mismos.

También ha resaltado, entre otros aspectos, la contribución de este instrumento de contratación a la transferencia de resultados de investigación, ya que el 30% de los proyectos tienen a universidades y centros de I+D como socios en los consorcios ganadores.

En cuanto a su aportación al crecimiento empresarial, Ríos ha asegurado que el 50% de las empresas ya generan ingresos al comercializar su solución de CPI mientras que el 24% de las nuevas compañías participantes ya han asegurado inversiones de capital mediante este mecanismo.

La Compra Pública de Innovación forma parte del conjunto de iniciativas que el Ejecutivo andaluz viene impulsando para el fomento de la inversión en I+D pública y privada en la comunidad, ya que Andalucía viene acumulando un importante déficit en fondos de carácter privado destinados a esta finalidad. Según ha destacado la secretaria general de Universidades, desde el año 2011 las empresas han dejado de gastar de media en investigación y desarrollo casi un 1,4% anual.